Bolívar Jaripio es un indígena, cacique de una de las reservas del este de la provincia de Panamá, donde los emberá-wounán poseen extensas tierras selváticas, que se ha trasladado a la ciudad capital a traer la protesta de unos 3000 mil aborígenes. Junto a las reservas indígenas de Darién, la provincia más oriental del país, las de Kuna Yala y Ngöbe en el Caribe y otras, los indígenas panameños son dueños de aproximadamente una sexta parte del territorio nacional.
El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tampoco han firmado ni El Salvador ni Chile, compromete a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas sobre aspectos relacionados con sus tierras, principalmente en lo que respecta al desarrollo, cuando se prevean medidas administrativas o legislativas, y a garantizar el respeto a su integridad.
En el caso de la etnia que representa el cacique Jaripio, en 1977 fue reubicada para construir la represa del Bayano, una de las hidroeléctricas de un ambicioso programa de electrificación nacional, utilizando el potencial hídrico de Panamá, uno de los más ricos de la región centroamericana. Actualmente están en estudio unas 7 hidroeléctricas, casi todas en reservas indígenas, al igual que algunos proyectos mineros.
Los indígenas no se oponen a los proyectos, pero desean ser consultados y tomados en cuenta, como propietarios de las tierras donde se desarrollarán. Un caso similar ocurre con los hoteles construidos en Kuna Yala (San Blas) por inversionistas latinos, los cuales han sido expropiados por los indígenas, después de haber aprobado su construcción. En estas expropiaciones los gobiernos panameños no han podido aplicar ninguna norma legal, lo que hace imposible la inversión por la falta de seguridad jurídica.
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