Vecinos de Villaconejos y Chinchón denuncian las molestias que causa una mina
miércoles 02 de julio de 2008, 17:41h
Desde hace más de cinco años, los vecinos de varias urbanizaciones de Chinchón y Villaconejos sufren graves molestias como consecuencia de la actividad de una mina, la explotación “Fátima” de la empresa Sulquisa (grupo Minersa). Sus detonaciones, además de provocar contaminación acústica, caídas de objetos y otros perjuicios menores en las casas, han generado grietas en numerosas viviendas, piscinas particulares y cerramientos de parcelas.
La Asociación de Vecinos La Unión Zona Sur de Madrid ha reunido más de 150 firmas del vecindario afectado para reclamar la reducción de las cargas explosivas y un mayor control de la actividad de la empresa. Las rúbricas han sido entregadas en los Ayuntamientos afectados.
Los vecinos también se quejan de que el transporte de los materiales extraídos, realizado con camiones de gran tonelaje, provoca ruidos y levanta nubes de polvo que se introducen en las casas. Y asimismo denuncian que los camiones que transportan el material no respetan en muchas ocasiones la limitación de velocidad de 20 km/h a que están obligados, lo que supone un riesgo añadido para los viandantes.
Sulquisa, que salvo breves periodos de calma realiza explosiones a diario, saca del yacimiento glauberita, un mineral usado para la fabricación de jabones.
Las familias damnificadas, que hasta el momento han sufragado todas las reparaciones, exigen a “Sulquisa y a los organismos competentes que les sean compensados y reparados los perjuicios ocasionados” y, por supuesto, que se solucione de manera permanente algo que viene de lejos.
La propiedad de la mina siempre ha negado que exista una relación directa entre su actividad y los daños de las casas, pero los vecinos tienen claro que su origen no puede ser otro que las voladuras cotidianas, algo que les ha metido el miedo en el cuerpo.
Los vecinos han trasladado todos estos hechos a la Comunidad de Madrid, con objeto de que realice “una inspección a la mina y sus instalaciones, gestión y materiales extraídos” y ponga fin a una situación que desde hace meses se ha tornado “insoportable”.
Ante las reclamaciones vecinales, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha llevado a cabo varias mediciones acústicas de las explosiones de la mina, resolviendo que los niveles de vibraciones estaban siempre dentro de lo estipulado por la ley.
Los afectados insisten que "si sus quejas siguen siendo ignoradas por las Administraciones, se llevarán a cabo acciones de protesta en las propias instalaciones de la mina y se llevará el caso a los tribunales".