La acusación oficialista de “medialuneros” contra quienes han iniciado una campaña para reclamar al Congreso Nacional que cumpla con la elemental obligación de elegir a quienes deben ocupar las vacancias del Tribunal Constitucional se anota en la más cruda y primitiva tradición sectaria de “si no estás conmigo estás en mi contra”. La agresividad trata, adicionalmente, de soslayar una honrada discusión sobre estrategias y métodos. La idea de la movilización ciudadana es que el retorno del funcionamiento del Árbitro constitucional anularía la realización del referéndum revocatorio y declararía la inconstitucionalidad de las consultas departamentales sobre estatutos autonómicos, como pasos iniciales de la recuperación de una referencia legal que permita reabrir el proceso constituyente y normalizar el desempeño de los poderes públicos.
Quienes descalifican esta posición se refugian en la creencia de que el revocatorio permitirá verificar que la aceptación del Gobierno ha sumado más de 15 puntos en relación con el 53,7% de votos obtenidos en 2005, y especulan que con ese 70% de respaldo será posible recuperar la iniciativa, acorralar a sus adversarios, “recuperar” dos, si no tres, prefecturas y prepararse para continuar ejerciendo el poder hasta 2028, como mínimo. El fundamento de estos deseos, ya que no pronósticos, es suponer que todos los estudios de opinión realizados hasta hoy (incluyendo en calidad de tales los referendos departamentales) ocultarían que el Gobierno, en vez de desgastarse se ha fortalecido incesantemente. En consecuencia, ni por un segundo siquiera los fervientes impulsores del referéndum revocatorio consideran el hecho de que cualquier retroceso de la votación pro gubernamental por debajo de la mayoría absoluta empeorará la situación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y acelerará las tendencias a la descomposición. El PEN no necesita llegar a los dos tercios de apoyo para reinaugurar el proceso constituyente, pero no podrá hacerlo ni manteniendo su votación de 2005 y, menos que menos, perdiendo, así sea un décimo, cuando todo el material objetivo disponible indica un retroceso mínimo de tres puntos porcentuales, con mayores posibilidades de acumularse en el polo negativo, antes que revertirse.
El revocatorio es la ruta más cierta a la reafirmación del estancamiento político y, ni en sus proyecciones más optimistas, introduce elementos nuevos capaces de modificar consistentemente el balance de fuerzas. Cualquier posible fisonomía democrática que pueda tener no es más que una apariencia engañosa porque, en las condiciones concretas que rigen, preserva y ratifica una incitación a la forma más pasiva y resignada de participación, lo que se remacha con una campaña típicamente conservadora, enfocada en la distribución de “beneficios” y “concesiones”.
Para aproximarnos a la realización de las grandes tareas pendientes de la transformación productiva, la construcción de un nuevo Estado y la renovación intelectual y ética es indispensable que superemos el sopor y desgaste que ha provocado la infructuosa multiplicación de choques cupulares. La iniciativa ciudadana de interpelar al Parlamento, exigiendo que lleve adelante una elección de tribunos y vocales de la Corte Electoral, expresa incuestionablemente los mejores antecedentes de la ruta en la que se ha ido forjando el proceso constituyente, al margen de los cálculos verticales, cupulares y sectarios que todo lo que han hecho hasta ahora es enfriar el entusiasmo, la confianza y la fortaleza de la movilización y la participación ciudadanas.
* Analista político y Catedrático
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Tomado de la edición de La Prensa 28/07/2008