Para los cargos de gobernador en las elecciones regionales de noviembre
Más de un millar de candidatos para los 23 gobiernos regionales venezolanos
jueves 14 de agosto de 2008, 17:16h
Actualizado: 20 de agosto de 2008, 23:17h
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, informó que se han recibido "más de 950 postulaciones" para los 23 cargos de gobernador que se renovarán en las elecciones regionales del próximo noviembre.
Además de los gobiernos regionales, los comicios definirán a los titulares de las más de 300 alcaldías del país y sus respectivas instancias legislativas, con lo cual, al concluir este jueves el período de inscripciones de candidatos, estos suman 4.000 para un total de 602 cargos en disputa, dijo Lucena a la emisora privada Globovisión.
"La altísima participación con muchos candidatos" se registra pese a que tanto en las filas oficialistas afines al Gobierno del presidente Hugo Chávez como en las variopintas de la oposición se han efectuado inéditos esfuerzos en aras de "candidatos de unidad" para no dispersar fuerzas con candidatos de la misma tendencia.
Además, añadió Lucena, ello se da pese a que "para estas próximas elecciones hay cerca de 500 organizaciones electorales menos, porque se sinceraron las listas de adherentes".
La alta cantidad de candidatos evidencia un repunte de las opciones desmarcadas de la alianza oficialista y de la creada por la oposición, aunque también se ha dado el caso de varios políticos que se inscribieron sin autorización de sus partidos o alianzas.
No obstante, para los 23 gobiernos regionales, incluida la Alcaldía Mayor de Caracas, la oposición a Chávez consiguió acuerdos para estar representada por un solo candidato en 19 jurisdicciones, mientras que los partidarios de Chávez lo lograron para 11.
La presidenta del CNE también aseguró que "se ha avanzado mucho en integridad y seguridad del sistema electoral" y que las normas para aceptar las postulaciones se mantuvieron igual a las que rigieron comicios anteriores.
Únicamente, añadió, "el CNE está a la espera de una decisión definitiva de la Sala Electoral" del Supremo de Justicia sobre recursos que le fueron presentados para autorizar o prohibir las candidaturas de autoridades que buscan su reelección en cargos distintos a los que abandonarán.
Tras la derrota electoral que Chávez encajó en diciembre pasado, la primera desde que ganó por primera vez la presidencia en las elecciones de finales de 1998, el gobernante insiste en que los comicios del próximo noviembre son "determinantes y cruciales" para el futuro y la estabilidad de su Gobierno.
Chávez perdió en diciembre de 2007 un referendo que convocó para una amplia reforma de la Constitución, con la intención de avanzar en su proyecto de "socialismo propio del siglo XXI", incluida la reelección presidencial sin límites.
El pasado 31 de julio, al concluir un período de 18 meses durante el cual gozó de poderes legislativos especiales, promulgó cerca de una treintena de leyes, entre las cuales se abstuvo de legislar únicamente sobre su propia reelección, según sus opositores.
Chávez "metió de contrabando" durante ese período la mayoría de asuntos económicos, administrativos y militares que fueron rechazados en el referendo popular del año pasado, insisten sus opositores.
Los analistas coinciden en que la campaña electoral de cara a los comicios del 23 de noviembre se ha centrado en ello y ha relegado a un segundo plano las propuestas propias de quienes aspiran a dirigir gobiernos regionales y alcaldías.
La trascendencia que el oficialismo concede a esas elecciones se evidencia en que varios de los principales dirigentes oficialistas serán candidatos, entre ellos el ex ministro de Educación y de la Presidencia Adán Chávez, hermano mayor del gobernante y candidato a suceder a su padre, Hugo de los Reyes Chávez, en el estado natal familiar de Barinas.
Dos de los principales líderes antichavistas, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López, que aspiraba a la Alcaldía Mayor de Caracas, así como Enrique Mendoza, líder opositor entre 2001 y 2005, que buscaba regresar como gobernador del céntrico estado de Miranda, vieron vetadas sus postulaciones debido a supuestos actos de corrupción detectados por la Contraloría.
La actuación del organismo de control del uso de los recursos públicos, amparada en una ley aprobada en 2001 con el voto favorable del oficialismo y de la oposición en el Parlamento, fue avalada por el Supremo de Justicia en vísperas del inicio del período de inscripciones de candidatos concluido este jueves.