Muchos, sino con la razón absoluta, sí con unas cuantas razones de peso, nos llevamos las manos a la cabeza por el complicado encaje de bolillos que seis magistrados del Tribunal Constitucional han realizado para recusar a su compañero de estrado, Pablo Pérez Tremp por considerarlo contaminado para fallar sobre los artículos recurridos del Estatut(o) catalán.
Aquí los leguleyos del Partido Popular se han empleado a fondo, cabe suponer, que dentro y fuera de las dependencias del tribunal, para llevar el ascua a su sardina. Al recusado le han sacado que, trece meses antes de acceder a la condición de magistrado del TC, elaboró, por se esta su especialidad jurídica, para el Gobierno de Jordi Pujol, un informe sobre las relaciones externas de Cataluña por el que facturó –y cobró— 6.000 euros. Por esta regla de tres, a Pérez Tremp, puestos a ponerle interesadas pegas, le podrían sacar que habla catalán y no sólo en la intimidad y en círculos reducidos, o que, de pequeño, tuvo el sarampión... Porque hablar de hace cuatro años, cuando el magistrado recusado no tenía la condición de tal, gobernaba en Cataluña Convergència i Unió, y, además, el Estatut(o) ni siquiera era un borrador, parece retorcer en exceso la lógica.
Los doce miembros del Constitucional, tanto los considerados como progresistas (o sea, progubernamentales) como los que lucen la etiqueta de conservadores (a partir algo más que un piñón con la oposición de derechas) no son seres angélicos, asexuados políticamente. Sufren las mismas pulsiones que el resto de los ciudadanos. Ciertamente están ahí por su preparación jurídica, pero también por la voluntad de aquellos que propiciaron su elección. Negra y con puñetas blancas: toga.
Puestas así las cosas --el recusado Pérez Tremp no tiene ninguna obligación de dimitir de su cargo, sólo que no podrá actuar por acuerdo de sus compañeros en la vista sobre el Estatut(o)—al Gobierno se le presenta lo que algunos columnistas definen como una crisis de Estado. Si, como todo apunta a ello, se tumban varios de los artículos recurridos no sólo por el Partido Popular sino por el Defensor del Pueblo, el problema es mayúsculo, por la dificultad que entraña anular –total o parcialmente, da lo mismo—una ley aprobada por el Congreso y ratificada en referéndum.
Pero, además, (dejemos de lado el problema político, de unos nacionalistas catalanes poniendo el grito en el cielo), hay un problema institucional de gran calado. Porque si la ordenación territorial del Estado depende de que los magistrados del Tribunal Constitucional funcionen también en bloques contrapuestos y, por ello, defiendan los intereses o las convicciones que quienes les han propuesto, se habrá acabado la exigible (en este caso concreto y de momento, supuesta) imparcialidad de la institución. Y también su credibilidad. Un duro brete para quienes pueden llegar a comportarse sólo como leguleyos de altos vuelos y excelente retribución económica.
Si (
No(
