“La vicepresidenta del gobierno español ha dicho que España no aplicará esa directiva, y no lo haremos, no por oponernos, sino porque no necesitamos aplicarla”, dijo Sandomingo luego de reunirse con el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.
Tras admitir que existe desinformación en torno a esa disposición, el embajador explicó que lo que hace la directiva es establecer unos límites específicos, por ejemplo, en cuanto a la detención de ilegales (18 meses como máximo).
Aclaró que la legislación española establece ya un límite mucho menor que es de cuatro meses. “Y lo mismo sucede con otras partes de la medida”, dijo a la agencia Andina.
La Ley de Retorno Voluntario, aprobada por el Parlamento Europeo en junio de 2008, propone la salida de miles de inmigrantes latinoamericanos que viven como ilegales en territorio europeo; además, sanciona con 18 meses de prisión a aquellos que no hayan dejado el viejo continente.
En torno a las relaciones bilaterales entre el Perú y España, Sandomingo dijo que las mismas son excelentes. “No tenemos ningún contencioso de manera que lo único que se trata es de reforzarlas”, dijo.
“Tenemos convenios que están en fase de negociación y otros en proceso de ratificación, pero como digo a título de repaso no hay nada que necesite ser revisado”, aclaró.
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