El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, aseguró el miércoles por la noche en Radio Euskadi que la propuesta de conformar una nueva autonomía dentro del Estado español que incluya a la Comunidad Autónoma Vasca y a Navarra no ha sido consultada previamente con ETA y que será la propia organización la que tenga que opinar públicamente en el futuro qué es lo que opina de esa iniciativa, que no tiene precedentes en la tradición histórica de la izquierda abertzale.
La opinión que dé ETA es, obviamente, clave para comprobar si es posible recuperar el proceso de paz a corto plazo. Si ETA está conforme, estaríamos cerca de sentar las bases para un nuevo proceso, porque las exigencias de autodeterminación y territorialidad, pese a mantenerse, quedan muy rebajadas. Si es cierto que Batasuna no ha hecho consulta previa y, por tanto, ETA se ha llevado la misma sorpresa que el común de la clase política podríamos estar ante un primer desmarque de la rama política, aunque insuficiente al no existir un rechazo de la violencia. Pero se demostraría una cosa: para Batasuna es más sencillo asumir la autonomía que ha combatido que rechazar a ETA.
En el lenguaje de la izquierda abertzale la palabra autonomía siempre ha sido un fetiche, igual que ahora se refieren al PNV como el “PNV de Imaz”, antes era el “PNV autonomista”. Considerar la autonomía un objetivo es una renuncia momentánea a la independencia y el socialismo que ha reclamado desde que hace tres décadas se marcara la famosa Alternativa KAS (siglas de la Koordinadora Abertzale Sozialista), de la que la propuesta de ahora puede considerarse una actualización. KAS hablaba de amnistía total, soberanía nacional vasca para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, expulsión de los cuerpos policiales y medidas favorables a la clase trabajadora. Ésta dio lugar a Herri Batasuna y a parte de la historia que hoy conocemos.
El 20 de abril de 1995, en un comunicado en el que asumía el atentado contra Aznar, ETA actualizó su propuesta de negociación con la llamada Alternativa Democrática. En ella se exigía el reconocimiento de Euskal Herria, el respeto por parte del Estado español de los resultados de un referéndum de autodeterminación, amnistía general y como contrapartida un alto el fuego si lo exigido se cumplía. Ninguna de las dos, salvo el periodo negociador de Argel en 1989, tuvo eco en el Gobierno español del PSOE ni en los partidos vascos, y la violencia continuó hasta 1998.
Ahí llegó el ensayo de Lizarra, el denominado de “acumulación de fuerzas favorables a la autodeterminación”, que fueron en realidad los nacionalistas e Izquierda Unida. El diagnóstico era calificar el problema vasco como de “origen político”, por lo que debía negociarse sin condiciones previas, y exigiría ausencia de violencia en su fase resolutiva. La resolución pasaba por el derecho de autodeterminación. De ese acuerdo se derivó una tregua indefinida, cuyo desenlace todos conocen a estas alturas.
La propuesta autonomista que incluye a Navarra ahora presentada surge de la fuente de Anoeta en 2004. Allí Batasuna, por primera vez portavoz principal de las propuestas de la izquierda abertzale, antes reservadas en exclusiva a ETA, aseguraba que el marco autonómico español estaba agotado y debía superarse. Un año después, en una ponencia política llamada Bide Eginez (Haciendo camino) aprobada por las bases, se asumía que la CAV, Navarra e Iparralde eran realidades políticas distintas y que de ellas había que partir, por lo que no era viable un proyecto unitario para todos los territorios. Por eso Batasuna propone un Departamento propio para los territorios bajo administración francesa y un nuevo estatuto para los integrados en el Estado español. Sólo falta la bendición de ETA, porque la mayoría de partidos, más allá de las reacciones públicas realizadas en un primer momento, la han acogido como un paso más.
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