El Supremo admite a trámite el recurso contra el decreto de la 'prescripción enfermera' del PP

El Sindicato de Enfermería interpuso este martes el recurso que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo, que ha pedido al Ministerio de Sanidad que le remita todo el expediente administrativo de la norma.

Desde el año 2009, los enfermeros españoles han vivido una situación de desregulación en lo que se refiere al uso e indicación de medicamentos, y en julio de este año comenzaron las negociaciones con los agentes sanitarios para elaborar una norma. Después de meses de reuniones y con un texto acordado por Gobierno y profesionales sanitarios, el Partido Popular modificó de forma unilateral, horas antes de su aprobación, el aspecto clave del texto, el artículo 3.2.

Este artículo establece “los enfermeros no podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción médica sin la previa receta del médico”, a pesar de que hasta ahora, estos profesionales sanitarios han actuado con cierta autonomía.

El Sindicato de Enfermería denunció en Diariocrítico que la aprobación de esta norma acarrea consecuencias negativas para el sistema sanitario como “más tiempos de espera, el paciente tendrá que acudir más veces a las consultas, y se tendrán que realizar más gestiones, lo que irá en detrimento de la atención al paciente”.

Además de requerir al ministerio de Sanidad el expediente normativo, el Tribunal Supremo da 5 días de plazo a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre el recurso presentado por la organización sindical, para decidir si suspende de manera cautelar el artículo 3.2 del citado Real Decreto.

Si se estima la suspensión cautelar que reclama SATSE, las limitaciones que el Real Decreto impone a la enfermería quedarían sin efecto durante la tramitación del recurso, por lo que la atención sanitaria a los ciudadanos no se vería afectada.

La reclamación del sindicato de enfermeros va más allá, y es que pese a lo que califican como "cacicada" del Partido Popular, el objetivo es elaborar una norma que respete la conocida como Ley del Medicamento de 2009, y "dotar de coherencia al resto del texto regulado en el Real Decreto".

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