La investigación del accidente de tren de Adamuz ha dado un giro inesperado tras el último informe de la Guardia Civil remitido al juzgado.
En un documento, este cuerpo policial denuncia que personal de Adif retiró material clave de la zona del siniestro sin autorización judicial previa y realizó ensayos sobre dichas piezas de forma unilateral.
Según el escrito, estas maniobras incluyeron la extracción y el traslado de fragmentos de raíl (denominados "cupones") desde el lugar del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos, una operación que se ejecutó entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero.
Retirada de estos restos
El responsable de la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos declaró ante los agentes el 6 de febrero que recibió una "orden verbal" de su jefe de área para proceder a la retirada de estos restos, que incluían soldaduras clave para la investigación.
La Guardia Civil subraya la gravedad de estos hechos, ya que el 2 de enero se había enviado un correo electrónico explícito a Adif advirtiendo de que no se realizara ningún tipo de actuación sobre las soldaduras sin permiso.
A pesar de esta prohibición, el gestor de infraestructuras no solo trasladó el material, sino que practicó pruebas de dureza sobre los rieles sin advertirlo ni solicitarlo a la jueza encargada del caso.
Contaminación de pruebas clave
La situación es especialmente delicada porque los fragmentos manipulados por Adif podrían ser los mismos que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) pretendía analizar de forma exhaustiva.
De hecho, la CIAF solicitó formalmente autorización a la jueza para estudiar esas soldaduras el 3 de febrero, desconociendo en ese momento que el material ya había sido sometido a ensayos.
La Guardia Civil manifiesta su ignorancia sobre el alcance real de las pruebas realizadas por Adif, aunque el declarante de la compañía aseguró que los test "no fueron destructivos".
La cronología detallada en el escrito revela que los agentes descubrieron la manipulación casi por accidente. El 30 de enero, cuando la Guardia Civil y personal de la CIAF acudieron a la zona para tomar mediciones del bogie del vagón número 8 del tren Iryo, fueron informados de que los cupones de las soldaduras ya no estaban allí, sino en la base de Hornachuelos.
Ante este hallazgo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba tuvo que desplazarse el 3 de enero para precintar de urgencia el material depositado en la base y evitar nuevas intervenciones no autorizadas por parte del gestor ferroviario.
Adif se adelantó a la autorización
El informe de la Guardia Civil recalca que Adif no tuvo autorización oficial para acceder a la zona con maquinaria pesada y realizar labores de reconstrucción hasta el 28 de enero.
Fue en esa fecha cuando se les comunicó que no existía inconveniente para iniciar el restablecimiento del servicio ferroviario. Sin embargo, la retirada de las piezas bajo sospecha se produjo casi una semana antes de obtener ese permiso verde, lo que constituye una irregularidad administrativa y judicial que ya ha sido puesta en conocimiento de la jueza "para los efectos que estime oportunos".
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