El Gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos alcanzaron un acuerdo histórico para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmaron el documento este jueves en el Palacio de Parcent.
El sistema mixto establecido otorga al Estado la potestad de decidir quién tiene la condición de víctima, mientras que la Iglesia asumió la responsabilidad de sufragar las reparaciones económicas.
Recomendaciones del Defensor del Pueblo
Este nuevo mecanismo cumplió con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, institución que tomó un papel relevante al encargarse de elaborar las propuestas de resolución. El proceso se inicia ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, que traslada el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo para realizar una propuesta de reparación.
Las víctimas podrán solicitar una compensación de carácter simbólico, restaurativo, espiritual o económico, centrando el foco en aquellos casos que ya no pueden acudir a la vía judicial.
El plan PRIVA
La resolución final recaerá en la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA). En caso de conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si no existiera acuerdo, se activará una comisión mixta Iglesia-Estado con participación de las asociaciones de víctimas.
Si persistiera la discrepancia tras esta segunda vía, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. La Iglesia deberá responder siempre a la resolución final y dar cumplimiento a las medidas reparadoras en el plazo que se determine.
La Iglesia garantiza el pago
El acuerdo estipula que la responsabilidad económica recaerá siempre en la Iglesia. Si la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hiciera, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.
Este pacto llegó solo un mes después de que diversas asociaciones de víctimas escenificaran una ruptura de relaciones con la jerarquía eclesiástica, a la que acusaron de falta de compromiso en reuniones con representantes del Vaticano.
El sistema diseñado está organizado y tutelado por el Gobierno, aunque la financiación de las indemnizaciones es íntegramente privada. Con este paso, el Ejecutivo buscó implementar el Informe del Defensor del Pueblo tras el inicio de los trabajos conjuntos en abril de 2024.
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