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La AEPD advierte a las comunidades de que la exigencia del pasaporte covid podría vulnerar derechos
(Foto: Comisión Europea)

La AEPD advierte a las comunidades de que la exigencia del pasaporte covid podría vulnerar derechos

martes 03 de agosto de 2021, 17:24h

El pasaporte covid o certificado de vacunación se ha convertido en una herramienta fundamental para controlar la expansión del coronavirus y algunas regiones ya lo exigen para acceder a determinadas actividades, especialmente las relacionadas con el ocio nocturno.

Con este certificado, el usuario demuestra si se ha vacunado, si tiene o no la pauta completa o si ha superado el coronavirus. Una información muy útil en determinados sectores para intentar minimizar los brotes a la par que se evita otro cerrojazo. Canarias lo autorizó, aunque su Tribunal Superior de Justicia rechazó la medida, mientras que en Galicia sigue vigente y en Andalucía acaban de aprobarlo.

Una acción que no sólo ocurre en España, países europeos como Francia o Italia, entre otros, ya lo utilizan con los mismos fines. Pero este uso podría vulnerar algunos derechos, así lo ha manifestado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Posible vulneración del derecho a la protección de datos personales

La AEPD ha tenido constancia de la proliferación de varias iniciativas públicas que generalizan la utilización del certificado de vacunación para acceder a diversos establecimientos. Por ello, la Agencia ha enviado un requerimiento de información a las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas de Canarias y Galicia con el objetivo de comprobar la licitud del tratamiento de datos personales.

Las autoridades europeas de protección de datos han expresado cierta preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para finalidades tales como el acceso a tiendas, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral.

La utilización para estos fines de certificados acreditativos de la situación sanitaria en relación con el coronavirus implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la vacunación no es obligatoria, que hay colectivos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas o de otro tipo y que, en último extremo, el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a la vacuna.

La normativa europea en este sentido es muy clara y todos los datos sobre la salud de los ciudadanos se consideran una información especialmente sensible, por lo que se insta a tratarla con mayores exigencias.

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