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Alvise, en un vídeo
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Alvise, en un vídeo (Foto: Captura vídeo del canal de Telegram de Alvise Pérez)

Alvise cree que la Fiscalía pedirá la pena máxima de inhabilitación para él: 6 años

jueves 24 de abril de 2025, 09:01h

El Ministerio Público elevó una petición formal para imponer la sanción más severa prevista en el ordenamiento jurídico -6 años de inhabilitación para ejercer cargo público- al dirigente de "Se Acabó la Fiesta" (SALF), Alvise Pérez.

La acusación de la Fiscalía se fundamentaría en un supuesto delito de incitación a alterar el orden público, recogido en el artículo 557.1 del Código Penal, según publica 'El Periódico de Ceuta' y recoge el político.

Según las investigaciones, los hechos objeto del proceso judicial guardan relación con la concentración masiva que reunió a más de 20.000 personas ante la sede del PSOE en Ferraz en 2023.

Los manifestantes reclamaron durante varias horas la renuncia del líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que provocó importantes trastornos en el centro de Madrid.

Críticas a la actuación fiscal

El eurodiputado Alvise Pérez respondió a las acusaciones con contundencia. Denunció lo que calificó como una campaña de "propaganda de criminalización", comparándola con situaciones vividas en otros países europeos como República Checa, Rumanía o Alemania.

"Mientras a los independentistas que promovieron acciones sediciosas les conceden el indulto, a nosotros nos persiguen por movilizar de forma pacífica a la ciudadanía contra Sánchez", manifestó.

El político añadió con tono crítico: "¿Qué hace la oposición en este momento?". "Fiscalía pedirá 6 años de inhabilitación para Alvise Pérez por movilizar a más de 20.000 personas en los “desórdenes públicos” de Ferraz: Las movilización pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez “perjudicaron el tráfico” aunque no se registró incidente alguno y no se judicializó hasta un año después", comenta Alvise en otra publicación de Telegram.

La polémica surgió tras una protesta que paralizó durante horas una de las zonas más céntricas de la capital española. Las imágenes de miles de concentrados frente al edificio socialista dieron la vuelta al país, generando un intenso debate sobre los límites del derecho de manifestación.

Los servicios de seguridad tuvieron que desplegar un amplio dispositivo para garantizar el orden durante la movilización ciudadana. Aunque no se registraron incidentes graves, la magnitud de la convocatoria y su impacto mediático centraron el foco en los organizadores.

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