La última propuesta del president de la generalitat, Pere Aragonès, de recaudar sus propios impuestos y después transferir una cuota solidaria al Ejecutivo central, ha puesto patas arriba al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que País Vasco y Navarra lo llevan años gestionando de esta manera.
Esa es la base del nuevo modelo de "financiación singular" que ha puesto sobre la mesa el Govern de Aragonés, en plena precampaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, con el objetivo de salir del régimen común de financiación autonómica y situarse más cerca del modelo vasco y navarro, amparado por la Constitución española.
"Es una cuestión de justicia, no estamos buscando privilegios", ha asegurado este miércoles el president de la Generalitat. Quien ha denunciado que los catalanes pagan 52.000 millones en impuestos y sólo la mitad se revierten en la comunidad.
Además, no es una propuesta nueva, pero el momento en que se plantea es muy diferente: los partidos independentistas son 2 de los socios de investidura y, una vez aprobada la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, ahora avisan de que la estabilidad del Gobierno peligra si no se negocia la financiación.
Pero, ¿es posible implantar en Cataluña un modelo similar al "cupo" vasco?, ¿qué diferencia ambas iniciativas?, ¿es constitucional?.
Estas son las principales claves:
El Govern de la Generalitat ha planteado este martes que Cataluña recaude el 100% de los impuestos que paga (en vez del actual 9%), entre los que estarían incluidos el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los impuestos especiales.
A cambio, se compromete a transferir al Estado una cantidad a determinar por los servicios que presta en la comunidad, más otra partida para "contribuir a la equidad entre territorios".
En ambos casos, tal como han explicado, las partidas se acordarían y revisarían periódicamente, en el marco de "un mecanismo bilateral" entre la Generalitat y la Administración Central. Además, su implantación sería escalonada, por la complejidad que la Hacienda catalana asumiera toda la gestión.
¿Pero en qué se diferencia este sistema del 'cupo' vasco?
Cabe recordar que, en estos momentos, Cataluña se sitúa dentro del sistema de financiación general, según el cual la Administración Central recauda la mayoría de los impuestos y transfiere luego una parte a las autonomías. Mientras que el País Vasco y Navarra, por contra, se rigen por el régimen foral y recaudan así la totalidad de los impuestos a cambio de una cantidad, llamada "cupo", que abonan luego al Estado por las competencias no transferidas y en concepto de solidaridad con el resto de autonomías.
Dicha cuantía se negocia a posteriori entre el Estado y las 3 administraciones forales (una por provincia) en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico (o el Convenio Económico en el caso de Navarra).
Según Aragonès, el sistema que plantean es el mismo que ya "existe en el País Vasco y Navarra" y debe ser la base de una nueva relación bilateral entre Estado y Cataluña. Pero para la consejera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, es un planteamiento "razonable e imprescindible" y lo equiparó a sistemas de financiación existentes en países de corte federal, como Suiza o Canadá.
Desde el Gobierno vasco, por su parte, han exigido un "escrupuloso respeto" al sistema de financiación de Euskadi a través de su histórico Concierto Económico. "Es un sistema de financiación diferenciado, amparado por la Constitución española, y acordado bilateralmente con el Estado", ha señalado en un mensaje en sus redes sociales el consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.
¿A qué se debe esta singularidad?
El modelo de financiación en el País Vasco y Navarra se ha justificado por razones históricas. El Concierto Económico se remonta a 1878, cuando se estableció que las 3 provincias vascas (hasta ese momento exentas) contribuyeran a la caja común.
Esta premisa se recoge también en la Constitución Española en su disposición adicional primera, la cual contempla el respeto y amparo a "los derechos históricos de los territorios forales".
Ventajas e inconvenientes
Por un lado, esta medida proporcionaría al Govern un mayor control sobre sus recursos financieros, permitiéndole gestionar sus servicios y políticas de manera más autónoma. Según alegan, esto permitiría reducir el déficit fiscal de la comunidad, que cifran en 22.000 millones de euros.
Por contra, el cambio de modelo podría generar importantes desigualdades entre las comunidades autónomas, además de la merma de recursos que conllevaría para la caja común, pues Cataluña es una de las que más aporta.
En concreto, según el documento del Govern, Cataluña es la segunda o tercera comunidad que más recursos económicos aporta per cápita, pero la 10ª en recursos recibidos y la 14ª si se añade el diferencial de precios por el coste de la vida en la autonomía.
¿El Gobierno está de acuerdo?
Preguntada por este asunto, durante la sesión de control en el Congreso, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha respondido a ERC que el "compromiso" del Gobierno es impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica "para todas las comunidades autónomas", el cual estará en el marco de la Constitución y de los propios estatutos de autonomía.
Asimismo, ha dicho que es "sencillamente falso" que el Gobierno de España destine el 90% de los impuestos de los ciudadanos de Cataluña a otros territorios, sino que lo que hace es "intentar que el modelo atienda las necesidades de las comunidades autónomas".
En la misma línea, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejó claro este martes que el marco es la negociación multilateral de la financiación autonómica. Mientras que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hizo un llamamiento al PP para llevar a cabo esa reforma, pues gobierna en la mayoría de comunidades.
¿Es posible implantar un "cupo" a la catalana?
Según el Ejecutivo catalán, "el marco constitucional español permite encajar esta propuesta". Y, aunque en su opinión serían necesarios cambios legislativos, apuntan a que sólo depende de la "voluntad política". "Estamos convencidos de que será posible porque es un acuerdo electoral que va relacionado con la estabilidad del Gobierno del Estado", ha remarcado Aragonès.
Los expertos, por su parte, muestran dudas: "El artículo 149 de la Constitución establece que la competencia exclusiva de la Hacienda Pública y la deuda del Estado es del Estado. Entonces yo entiendo que realmente habría que estudiar la modificación de la Constitución para poder dar el sistema de cupo similar a Navarra y al País Vasco a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas", ha señalado en una entrevista en el 'Canal 24' Horas de 'TVE' Mabel Zapata, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Por su parte, el economista Santiago Niño Becerra ha apuntado en el mismo medio que el 'cupo' catalán supondría "cierta complicación administrativa", pero la esencia del problema a su juicio es que la ley de financiación autonómica, la LOFCA de 1980, "está diseñada terriblemente mal desde el principio". En su opinión, "habría que ver qué comunidades pueden sostener qué competencias y las que no fuesen sostenibles, que estuvieran en una situación de estatalización".
Si (
No(
A favor (
En contra (
