La presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha informado este miércoles de que se va a iniciar el otro proceso para retirar la inmunidad al europarlamentario Luis 'Alvise' Pérez, del partido ultra Se Acabó La Fiesta. Este es el segundo procedimiento que comienza para que se le quite la protección que le otorga su condición de parlamentario europeo que se ha puesto en marcha después de sendas peticiones del Tribunal Supremo.
Las causas por las que el Alto Tribunal ha solicitado terminar con la inmunidad de Alvise son por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València, a la que se dedicó a hostigar con varios mensajes en Telegram, y por financiación ilegal de su candidatura en los pasados comicios europeos.
Posibles injurias, coacciones y delito de odio
Respecto al caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo indicó que se está investigando a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra pus varios mensajes a esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise se centró en una de sus diversas campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. "Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN", aseguraba el ultraderechista. La investigación destacó que en ese canal se hicieron hasta 1.500 comentarios "con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia".
Sobre el caso de la financiación ilegal, el agitador de extrema derecha está siendo investigado por financiar su candidatura de las pasadas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y además imputado por el colapso de su club de inversiones, le pagó en Madrid pocas horas antes de que se iniciara la campaña electoral.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, decidió la semana pasada enviar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas. Romillo es un empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Se le detuvo después de encontrar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur, que se nutría con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados.
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