El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la incoación de diligencias previas por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia de la Abogacía del Estado por la infección con la herramienta Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El juez ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.
El auto del juez certifica que se tiene constancia de una intrusión en el terminal de Sánchez el 19 de mayo de 2021 y otro el 31 de ese mismo mes. Fue pocos días después de la crisis migratoria con Marruecos, producida en las fronteras de Ceuta y Melilla el 17 de mayo.
Varios delitos
En su auto, el magistrado explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado podrían enmarcarse dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, que se recogen en el Título X del Libro II, referente a los “delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”.
Recuerda que estos derechos salvaguardan un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad.
El juez entiende que los hechos denunciados serían competencia de la Audiencia Nacional tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial por cuanto afectan a altos organismos de la nación, como son el presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa. Aparece “meridianamente claro”, según Calama, la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa penal encaminada a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan partiapado y el órgano competente para el enjuiciamiento.
En su resolución, el juez procede también a tener a la Abogacía del Estado como personada y parte en las actuaciones.
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