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Cierre de Dentix: Consumo defenderá los derechos de los clientes abandonados
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(Foto: Dentix)

Cierre de Dentix: Consumo defenderá los derechos de los clientes abandonados

miércoles 18 de noviembre de 2020, 09:39h

Tras el cierre de todas las clínicas de servicios bucodentales de la empresa Dentix, el Ministerio de Consumo ha garantizado que defenderá los derechos de los usuarios afectados, en plena coordinación con las Comunidades Autónomas.

Consumo cifra en 101.481 las personas afectadas por el cierre con tratamientos ya abonados total o parcialmente (al contado o a través de créditos vinculados o de otro tipo).

Los ministerios de Consumo y Sanidad trabajan conjuntamente en la ampliación de la cartera básica de servicios bucodentales públicos y en la mejora del régimen de garantías de las empresas que presten servicios sanitarios para evitar futuros episodios similares.

El ministerio contaba con la posibilidad de que se llegara a este escenario y, por ello, desde hace meses trabajaba en cuatro líneas de actuación dirigidas a proteger a los usuarios de esta empresa.

La primera de estas líneas es el refuerzo de la publicidad de los derechos que asisten a las personas afectadas, que dependen de su situación específica. En este sentido, Consumo recuerda que es importante que todos los afectados estén informados de su derecho a solicitar la devolución de los importes abonados por los servicios no prestados.

Por el momento, a Consumo no le consta que se haya publicado el auto en el que se declara el concurso y se designa a la administración concursal, pero recuerda que el concurso de acreedores está solicitado y que los afectados deberán reclamar su dinero ante la administración concursal, una vez que esta sea pública.

Con este objetivo, el ministerio ya remitió el pasado viernes una nota informativa elaborada conjuntamente con las autoridades autonómicas de Consumo. En ella se detalla toda la casuística y los derechos que tienen los usuarios en relación con la prestación del servicio y la devolución de los importes abonados, según cuál sea su situación con respecto a los contratos firmados con la entidad. Asimismo, se incluye la obligación de la compañía de facilitarles los historiales clínicos cuando sean solicitados.

Las ayudas

Para aquellas personas que hayan suscritos créditos vinculados con entidades bancarias para financiar sus tratamientos, Consumo recuerda que tienen derecho a dejar de pagar las cuotas ante la cancelación del tratamiento. El ministerio estima que, del total de afectados, el 65% han suscrito créditos vinculados.

Una segunda línea de actuación de Consumo -que se viene desarrollando desde hace semanas- es el diálogo con otras empresas del sector bucodental. A través de la Dirección General de Consumo se han mantenido reuniones para testar la viabilidad de una posible operación de compra que asuma los tratamientos pendientes. Este escenario contempla el examen y potencial autorización de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ministerio considera esta opción la más deseable en este momento para garantizar la más rápida continuidad de los tratamientos pendientes.

La tercera de las actuaciones tiene que ver con las entidades emisoras de créditos vinculados a la financiación de tratamientos bucodentales. Consumo, junto al Banco de España, mantendrá en los próximos días reuniones con las entidades bancarias que han ofrecido estos créditos. El objetivo es garantizar que los clientes dejen de abonar los pagos pendientes y que las entidades financieras devuelvan los importes ya abonados por servicios no prestados. Para ello, se les solicitará que sean proactivas informando a los usuarios de sus derechos y que interrumpan los cargos de los recibos tan pronto tengan conocimiento de que Dentix ha dejado de prestar los servicios.

Por último, Consumo trabaja junto al Ministerio de Sanidad en diferentes vías para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. En ese sentido, el Gobierno trabaja desde hace meses para ampliar la cobertura bucodental en la cartera básica de salud pública. Asimismo, se estudia que las empresas que dan servicios sanitarios tengan un régimen de garantías reforzadas.

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