La nueva ley de Educación supera el primer examen en el Congreso

El proyecto de ley de Educación que ha diseñado el Ministerio de Isabel Celaá ha logrado superar el primer escollo en su trámite parlamentario, ya que el Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Cs y Vox. Sin embargo, los partidos de la oposición han dejado claro que su postura en esta votación se debe más al rechazo a la LOMCE, conocida como 'ley Wert', que al apoyo a la propuesta del Gobierno para la octava ley educativa de la democracia.

Las enmiendas a la totalidad, presentadas por PP, Ciudadanos y Vox, han sido rechazadas con 153 votos a favor y 195 en contra, por lo que salvo UPN, el resto de formaciones han votado 'no' a las peticiones para devolver el proyecto de ley al Gobierno y su retirada de la tramitación parlamentaria.

El debate de la llamada 'ley Celaá' no ha estado exento de críticas y reproches, no solo de los partidos que han presentado las enmiendas, sino del resto de las formaciones de la oposición, a izquierda y derecha. La ministra ha proclamado que "rechazar este Proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04% del PIB en 2009 al 4,2% en 2018", en particular la financiación pública. "Los talentos se potencian con inversión, no con recortes", ha subrayado Celaá.

Este Proyecto de Ley Orgánica, conocido como LOMLOE, tiene como objetivo la derogación de la LOMCE y la actualización de la LOE a través de cinco pilares: la toma de los derechos de la infancia como principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989); la igualdad de género y la prevención de la violencia de género; la mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje; la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030; y la necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.

En su exposición de motivos del proyecto, la ministra de Educación, Isabel Celaá ha defendido que el objetivo último de la ley es "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva".

El texto elaborado por el Ejecutivo presenta una reorganización del sistema educativo. Así, la Enseñanza Primaria volvería a ordenarse en tres ciclos, se eliminaría la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria, las pruebas finales de etapa y la obligatoriedad de cursar una asignatura equivalente a religión. De igual forma, se presenta una flexibilización de los itinerarios de la Formación Profesional, para potenciar esta opción entre los estudiantes.

Con respecto al currículo, se da una nueva redacción a su definición, sus elementos básicos y la distribución de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. También se asegura "una formación común, se garantiza la homologación de los títulos, se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de los aspectos básicos del currículo, que en conjunto constituyen lo que se conoce como enseñanzas mínimas, y a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas".

En su enmienda de devolución, Ciudadanos ha reprochado al Ejecutivo la "ausencia de actitud de diálogo por parte del actual Gobierno de la Nación a la hora de intentar consensuar un modelo educativo". Además, ha denunciado la carencia de garantías del Proyecto de Ley "para garantizar la escolarización en castellano en aquellas Comunidades Autónomas con lengua cooficial".

Vox ha criticado la "falta de un diagnóstico preciso y concreto del sistema educativo español", en alusión a "aspectos etéreos y abstractos como la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional".

El PP considera que este proyecto de ley "no afronta los retos y desafíos de nuestra sociedad, las transformaciones tecnológicas, sociales y económicas de nuestro tiempo, retrocede a un modelo educativo comprensivo, que devalúa la cultura del esfuerzo, que no garantiza un sistema educativo vertebrado y de cohesión, y que se aleja de las estructuras flexibles y modernizadoras educativas que han emprendido los países de nuestro entorno".

Con el rechazo de estas enmiendas a la totalidad, el Proyecto de Ley Orgánica pasa su primer examen y continúa con su tramitación parlamentaria, que sigue con el debate en el análisis en ponencia y en Comisión de las enmiendas al articulado. El dictamen que elabore la Comisión de Educación, con las modificaciones que, en su caso, se aprueben, se elevará al Pleno de la Cámara, que deberá aprobar el proyecto con el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, al tratarse de una reforma de ley orgánica, antes de remitirlo al Senado.

"Estoy convencida de que este Proyecto, que será debatido y mejorado con sus aportaciones, es una base sólida para configurar el sistema educativo que España necesita para hacer frente a los retos que se nos plantean para las próximas décadas", ha zanjado la ministra de Educación.