Sumar y PSOE siguen enredados por las políticas de vivienda del Gobierno de coalición. El socio minoritario ha vuelto a subrayar su reachazo a la medida estrella anunciada el lunes por Pedro Sánchez, la bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que no aumenten el alquiler, y propone como altrnativa la fórmula de forzar una prórroga automática de los contratos actuales para que los caseros no puedan incrementar los precios. Son unos 630.000 los contratos que hay que renovar a lo largo de 2026 y eso afecta a 1,6 millones de personas en toda España.
En esta lucha entre socios del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha tratado de desbaratar la excusa jurídica de La Moncloa para no abordar esta renovación forzosa, diciendo que lo han hecho en varias ocasiones a pesar de que el sector socialista asegura que esta medida podría ser inconstitucional, de acuerdo con un informe hecho por la Abogacía del Estado, y que, por tanto, no se podría hacer. Lo que, de acuerdo con los socialistas, deja como alternativa clara el incentivo fiscal para congelar los precios.
La parte socialista del Gobierno defiende en bloque la medida anunciada por Sánchez, y quita importancia a los encontronazos con Sumar porque, piensan, "comparten objetivos comunes". Además, remarcan que el Ejecutivo es el del "diálogo", y, por lo tanto, va a continuar trabajando en ese sentido para lograr consensos, aunque no aclaran cómo piensan convencer a sus aliados. Pero ha destacado que Sánchez es el "principal exponente de ese Gobierno del diálogo".
Sumar rechaza la medida y exige prorrogar los contratos de alquiler
Por su parte, desde Sumar hay un rechazo frontal a las bonificaciones fiscales porque creen que no garantiza que los precios se contengan. "En un mercado con precios disparados, el propietario va a ganar más dinero si sube el alquiler frente a estas bonificaciones ffiscales, ha afirmado la co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, durante una entrevista en Las Mañanas de RNE.
Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, estos incentivos fiscales suponen "dar dinero público a quienes ya tienen un 82% más de renta que los inquilinos".
Proponer un incentivo fiscal es dar dinero público a quienes ya tienen un 82% más de renta que los inquilinos.
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— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 13 de enero de 2026, 10:43
Por otra parte, Hernández ha demandado prorrogar los contratos de alquiler que acaben este año, que son más de 600.000, porque, según ha señalado, esos contratos van a quedar expuestos a un mercado "completamente desenfrenado", con aumentos que podrían situarse entre el 20% y el 40%. Y ha querido recordar que se pudo hacer durante el COVID-19 y al cmienzo de la guerra de Ucrania.
Pero los socialistas dudan de la legalidad de prorrogar con las mismas condiciones todos los contratos porque "esto no es pandemia ni Ucrania", insisten fuentes de Moncloa, que también indican que la Abogacía del Estado insiste en que "no es viable" lo del tope de precios.
Además, Saiz ha hablado de la "complejidad" del Congreso para sacar adelante esta medida, mientras que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que el Gobierno de coalición tiene minoría parlamentaria y la propuesta de Sumar es una medida legislativa que tiene que contar con una mayoría parlamentaria suficiente para ser aprobada.
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