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Pensiones, prestaciones por maternidad y paternidad o funcionarios: los 7 decretos que ha convalidado el Congreso
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(Foto: PSOE)

Pensiones, prestaciones por maternidad y paternidad o funcionarios: los 7 decretos que ha convalidado el Congreso

martes 22 de enero de 2019, 18:49h
En un primer aviso a 'navegantes' dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez, el Congreso ha derogado el llamado decreto de los alquileres. Sin embargo, los otros 7 decretos aprobados por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre, sí han conseguido el visto bueno de la Cámara baja. Estos decretos se refieren a la subida de las pensiones, al aumento salarial a los funcionarios, la exención del IRPF en las prestaciones de maternidad y paternidad o la mejora de las condiciones laborales de los creadores españoles, entre otros.

A pesar del varapalo con la derogación del decreto de alquileres, el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que el Congreso convalide otros siete decretos-leyes aprobados por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre.

Estos son los siete decretos que el Congreso sí ha aprobado:

- Real Decreto-ley 28/2018, por el que se revalorizan las pensiones de la Seguridad Social y se toman medidas urgentes de carácter laboral para la protección de los autónomos o la reducción del desempleo juvenil, entre otras. La norma plantea la revalorización al alza de un 1,6% para las pensiones contributivas del Sistema y de un 3 % para las pensiones mínimas y las no contributivas. Esta medida afectará a más de 10,3 millones de pensionistas y supondrá un coste total de 2.591,65 millones de euros. Así, a partir de la nómina de enero, dichas prestaciones se calcularán aplicando el 60 % de la base reguladora.

El texto convalidado también recoge medidas para la protección de los más de 2,5 millones de trabajadores autónomos. Ahora, todas las contingencias que tenían carácter voluntario, como la protección por cese de actividad o accidente de trabajo, pasan a tener cobertura de manera obligatoria.
Con la intención de favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral de forma indefinida, se convalida la derogación de los incentivos para la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. Los convenios colectivos podrán establecer una edad de jubilación obligatoria vinculada a objetivos, de forma que se impulse el relevo generacional en las empresas. El real decreto plantea que los alumnos que participen en programas de formación o prácticas académicas externas deberán ser incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o que se eleve el incremento en la cotización para los contratos temporales de corta duración hasta el 40 por ciento.
- Real Decreto-ley 24/2018, por el que se aprueba un incremento retributivo del sector público. Este Real Decreto-Ley establece una subida fija del 2,25% para todos los trabajadores públicos, a lo que se suma un porcentaje variable, que puede alcanzar el 0,25%, y que está ligado al crecimiento de la economía a partir de un 2,5%. Además, contarán con otro 0,25% de fondos adicionales cuyo reparto dependerá de la negociación de cada administración con sus sindicatos. La subida salarial se hace efectiva desde el 1 de enero del 2019.

El aumento del sueldo se aplica a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, beneficiando a más de 2,5 millones de empleados. El coste del incremento de las retribuciones del sector público, entre los ejercicios 2019 y 2018, es de 3.625 millones de euros.
- Real Decreto-ley 27/2018, que declara las prestaciones por maternidad y paternidad exentas de IRPF, y que permitirá su devolución a aquellas personas a las que se efectuó el cargo entre 2014 y 2018. La nueva redacción de la norma extiende la exención a las prestaciones percibidas por otros colectivos señalados. En concreto, los empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social que no de derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad, pero que perciben sus retribuciones durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad, y los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que perciben tales ayudas de las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial.
- Real Decreto-ley 26/2018 que aprueba medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los creadores españoles.Las medidas se centran en los tres principales problemas que los representantes de la cultura trasladaron: la fiscalidad del sector; la protección laboral y de Seguridad Social; y la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.
Este Real Decreto-Ley introduce las modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para reducir el porcentaje de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, que pasa del 19 al 15 por ciento.
Se establece también la reducción del tipo impositivo en el IVA aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, recuperando la aplicación del tipo reducido del Impuesto a estos servicios. Las medidas en materia de Seguridad Social se enfocan en la cotización de los artistas en espectáculos públicos durante períodos de inactividad. Así, los artistas en espectáculos públicos podrán continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma voluntaria, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad en el año natural anterior, debiendo superar las retribuciones percibidas por esos días la cuantía de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual.
- Real Decreto-ley 22/2018, por el que se dotan a autoridades públicas, como el Banco de España, de un catálogo de herramientas macroprudenciales para prevenir riesgos que afecten a la estabilidad del sistema financiero. Se creará una autoridad macroprudencial, tras la Recomendación, de 22 de diciembre de 2011, de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Entre otras medidas, se otorga a la Comisión Nacional de Valores la capacidad de adoptar medidas dirigidas a reforzar la liquidez de las instituciones y entidades de inversión colectiva, así como introducir límites y condiciones a la actividad de sus entidades supervisadas para evitar el endeudamiento excesivo de las mismas.

Por otro lado, se habilita al Banco de España para incrementar los requerimientos de capital sobre una cartera de exposiciones específica, para limitar las exposiciones de las entidades de crédito a sectores económicos concretos y para establecer límites y condiciones sobre la concesión de préstamos, adquisición de renta fija y derivados por parte de las entidades de crédito. Asímismo, el Banco de España podrá fijar límites a la parte de la renta disponible que un prestatario puede destinar al pago de su deuda o al endeudamiento máximo que puede obtener.


- Real Decreto-ley 25/2018 de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras dando respuesta a la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo. El texto del Gobierno tiene como objetivo el cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.
Además, establece un marco plurianual que se extiende entre los años 2018 a 2020, en el que se prevé un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, recogiendo en todo momento las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores afectados por los nuevos cierres en función de su trayectoria profesional, según se establece en el Real Decreto 676/2014. Aparte de la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados.
- Real Decreto-ley 23/2018, cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico interno directivas comunitarias pendientes de transposición en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados.
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