Uno de los guardias civiles absueltos por el caso de los espías en la Comunidad de Madrid ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, por supuestos delitos de delitos de organización criminal, prevaricación y falsedad documental, entre otros, "atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular".
El ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, acaba de ser denunciado ante el Tribunal Supremo -donde actualmente ejerce como fiscal de Sala- por supuestos delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental durante la instrucción del caso de los espías.
La denuncia de José Luis Caro Vinagre, desvelada por 'Cadena Ser', uno de los guardias civiles absueltos en dicho juicio -pero condenado por el chivatazo a Francisco Granados en la trama Púnica-, recoge las "múltiples irregularidades" que habría cometido Moix "atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular" en colaboración con el comisario de la Policía Nacional, Jaime Barrado, y el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera, a los que también denuncia ante los tribunales ordinarios por no ser aforados.
Vinagre sostiene que Moix acusó del espionaje a quienes nada tuvieron que ver con él para tapar a los cargos del PP que habrían dado las órdenes. Unas acusaciones que se habrían respaldado accediendo a los teléfonos de los acusados de forma ilícita y tomándoles declaración sin abogado.
Esta denuncia se sostiene también en la declaración del propio comisario Barrado en el juicio de los espías donde acusó a su superior Olivera de intentar obligarle a firmar informes con "falsedades" con conocimiento de Moix.
Moix ya fue denunciando en el año 2017 por su decisión de archivar dos denuncias contra el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González -quien finalmente pasó 202 días preso por la Operación Lezo- e intentar impedir un registro sobre sus bienes, si bien el Tribunal Supremo archivó la querella. El que fuera entonces Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, reconoció ante la Comisión de Justicia del Congreso que días antes de su nombramiento supo que Moix era el preferido por Ignacio González para el puesto.
Moix acabó dimitiendo, pero por el escándalo de su empresa 'offshore' en un paraíso fiscal y el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, reprobado en el Parlamento.
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