El TSJC abre juicio oral contra Laura Borrás, que tendrá que dimitir o suspender temporalmente su presidencia del Parlament catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto oficialmente este martes juicio oral contra Laura Borrás, que tendrá que dimitir o suspender temporalmente su presidencia del Parlament catalán.

El tribunal catalán actúa en consecuencia después de que la Fiscalía remitiera un escrito en el que solicitaba una pena de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación para la presidenta del Parlament por adjudicar contratos a dedo a un amigo en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Hasta la fecha, Borràs ha rehusado dimitir, aunque ahora que el tribunal ha ordenado la apertura de juicio oral, tendrá que al menos poner en suspensión su cargo temporalmente.

Los cargos contra Borrás

Borràs se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 6 años de cárcel y 21 años de inhabilitación por haber adjudicado presuntamente 18 contratos a un amigo, Isaías Herrero, entre 2013 y 2017, cuando era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El Ministerio Público acusa a la presidenta del Parlament de delitos de malversación y falsedad en documento mercantil por fraccionar los contratos de la institución para concedérselos a su amigo sin el preceptivo concurso público. Solicita la misma pena para Herrero, acusado de los mismos delitos. La Fiscalía exime a Borrás de los delitos de malversación continuada y fraude, por los que fue procesada por el TSJC, al considerar que no se puede acreditar que estos contratos "tuvieran un coste inferior al realmente satisfecho por la Institució de les Lletres Catalanes".

En el escrito remitido al tribunal, se expone que Borrás abusó de sus funciones como directora de la ILC al adjudicar estos contratos "sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa", y señala que era "plenamente conocedora de que detrás de ellos se escondía" su amigo.

La Fiscalía denuncia que Borrás y su amigo actuaron "con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública y siendo perfectamente conscientes de que infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa e impedían que la gestión del servicio pudiera ser adjudicada a otra persona".

Además, esgrime que trataron de ofrecer "una apariencia fingida de respeto" a la legalidad al pactar "que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran ofertas reales sino presupuestos comparsa elaborados falazmente".