Elías Bendodo, número 3 del PP, estaría siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, estaría siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, según informa este lunes 'El Plural'.

Se estarían investigando, en concreto, contratos que gestionó durante su etapa en el gobierno de la Junta de Andalucía, en concreto durante la pandemia.

Bendodo era consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior por entonces, antes de salir del Ejecutivo autonómico para ser el número 3 del PP a nivel nacional, llamado por Alberto Núñez Feijóo.

La Fiscalía investiga unos indicios, según 'El Plural', que hizo abrir diligencias en mayo de 2022, indagando si hubo posibles delitos penales por parte de la Junta de Andalucía.

Si bien la Justicia ya anuló las contrataciones exprés que hizo el gobierno andaluz de personal autonómico, ahora se estaría investigando si estas contrataciones anuladas pudieron suponer algún delito.

El origen de este caso se remonta a marzo de 2020, cuando la consejería que lideraba Bendodo "emitió nuevas normas de contratación de personal", explica este diario.

Las pesquisas abiertas buscan "determinar si existe o no un delito penal por parte de la Junta".

Las contrataciones de la discordia

El sistema de contratación tan polémico fue el siguiente: se publicaban ofertas de empleo en la web de la Junta y con la presentación de emails, en 24 horas, con titulación y declaración responsable, el organismo público ya se disponía a otorgar plazas interinas en la administración andaluza.

Los primeros en enterarse y los más rápidos en inscribirse lograban esta plaza en apenas 24 horas. Hubo en total más 3.400 plazas otorgadas con este sistema.

Tras llevarse el caso a los juzgados, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló que ser vulneraban principios "constitucionalmente consagrados" sobre la contratación de personal público, al no respetarse las esencias de "igualdad, mérito y capacidad".

Estos interinos acudieron a su vez a los tribunales para recuperar unos puestos que creían haber ganado, pese a anularse después por la Junta.

Ahora se investigan estas contrataciones, los contratos y cómo se resolvieron, sin respetar presuntamente algunos derechos de los trabajadores.