La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que archive la causa abierta a la ex directora del CNI Paz Esteban por el posible espionaje al móvil del presidente catalán, Pere Aragonès, al determinar que los ataques con Pegasus efectuados durante su mandato tuvieron siempre con aval judicial.
En un escrito, el ministerio público se adhiere al recurso que ha presentado la Abogacía del Estado, que defiende a Esteban, contra la decisión del juez instructor de dejar como imputada a la ex directora del CNI, mientras se aclara si el espionaje a Aragonès tuvo o no el aval en todo momento del Tribunal Supremo.
El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, había rechazado ya la petición de la Abogacía del Estado de que se archivara la causa para Esteban, quien en su comparecencia como investigada no dio dato alguno sobre el ataque con Pegasus al móvil del president, más allá de los autos del Supremo que avalaron el uso del software, señalando que atañe a información protegida por secretos oficiales.
De acuerdo con esos autos, que el Gobierno ha pasado al instructor con fragmentos suprimidos alegando que contienen información reservada, el juez del Supremo encargado del control del CNI dio por bueno el espionaje del móvil de Aragonès en julio de 2019 -con otras dos prórrogas de 3 meses de octubre de 2019 y de enero de 2020-, después de que los servicios secretos indicaran que coordinaba las acciones de los CDR.
El móvil de Aragonès, infectado con Pegasus
De todos maneras, una pericial informática que Aragonès llevó al juzgado concluye que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial.
En su escrito, el fiscal subraya que Esteban dirigió el CNI entre julio de 2019 y mayo de 2022 -cuando presentó su dimisión a raíz del escándalo del espionaje-, por lo que "bajo ninguna circunstancia" se le podrían imputar las eventuales infecciones con Pegasus llevadas a cabo con fecha anterior a su mandato.
El juez tiene previsto mandar a un cuerpo policial otra prueba pericial que certifique si el móvil de Aragonès podría haber sido atacado en fechas anteriores a las avaladas judicialmente, pero la Fiscalía cree que, aunque se demuestre ese extremo, "en modo alguno" se desvirtuaría la legalidad de la actuación de Paz Esteban.
Para el fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde, buscar "eventuales irregularidades y desviaciones de la actividad autorizada judicialmente sin que existan indicios de ello" no tiene fundamento y "choca frontalmente con la imposibilidad de abordar investigaciones prospectivas".
El fiscal cuestiona las conclusiones
En su escrito, el fiscal pone en cuestión las conclusiones de la pericial informática aportada por Aragonès y, en concreto, indica que debe aclararse la razón por la que menciona infecciones desde verano de 2018 en un modelo de teléfono -iPhone 11- que, subraya, "no salió a la venta hasta septiembre de 2019".
Por su parte, la Abogacía del Estado insiste en que se archive la causa contra Esteban señalando que la intromisión en el móvil de Aragonès estaba avalada judicialmente, por lo que "fue lícita y legal", según su escrito.
Según la Abogacía, todas las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas e informáticas, además del acceso al disco duro y los datos asociados a las comunicaciones de Aragonès, incluyendo su geolocalización, tuvieron la autorización del juez del Supremo encargado del control del CNI.
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