La unidad especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado abre diligencias de investigación por el vertido de pellets en las costas gallegas. Aunque el Ministerio Público ya había abierto expediente de seguimiento de la situación el pasado 4 de enero, ahora ha tomado esta decisión debido a que en los arenales de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Noia, así como en las playas del entorno de A Coruña y Ferrol han encontrado "grandes cantidades" de pellets plásticos, en bolsas de alrededor de 25 kilos, bajo el nombre de una empresa con sede en Polonia.
El vertido empezó el 8 de diciembre después de la caída de parte de la carga de un buque frente a las costas portuguesas, y el primer aviso a la Xunta apareció el 13 de ese mismo mes. Ante la aparición de millones de microplásticos a las costas gallegas, el Ejecutivo autonómico activó el plan de anticontaminación (Camgal) en su nivel 1, correspondiente a episodios de pequeña gravedad.
La presencia de las pequeñas bolas de plástico vertidas al mar por el mercante 'Toconao' empezó a registrarse en áreas de A Mariña lucense, en arenales de los municipios de Foz y Burela, a finales de la semana pasada. El rastro de estos microplásticos se dirigen desde las zonas más al sur de la comunidad, como Nigrán, hasta el norte, a municipios de la Mariña lucense. En diferentes puntos se está trabajando en la recogida, principalmente por parte de voluntarios.
30 playas afectadas
La Xunta de Galicia ha anunciado este lunes las 30 playas afectadas, "con presencia testimonial" de estos microplásticos. También Asturias ha activado el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental del Principado de Asturias (Placampa) después de que aparecieran microplásticos en varias playas de su litoral occidental.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, ha activado también este lunes la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Platercant), que no supone la declaración de la emergencia, sino que se limita a hacer una evaluación "exhaustiva" de la situación y de tratar una "mayor coordinación" entre los organismos con competencias en materia medioambiental y de gestión de emergencias.
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