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El Gobierno ordena mantener a los agentes en Cataluña pese al hostigamiento investigado por la Fiscalía

> El TSJC ha pedido un balance sobre la coordinación y los incidentes violentos del 1-O

martes 03 de octubre de 2017, 18:23h
Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Cataluña con motivo del 1-O se quedan donde están sin fecha de salida prevista, pese a que en muchas poblaciones les hayan declarado ‘non gratos’. La Fiscalía está investigando el hostigamiento de quienes pretenden expulsarlos de los hoteles por su actuación en las cargas del día de la consulta y el TSJC, de forma paralela, ha pedido un balance final sobre los incidentes violentos del domingo.
Policía Nacional desalojada en Pineda del Mar
Policía Nacional desalojada en Pineda del Mar (Foto: La Sexta)

Los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña se quedarán "el tiempo que sea necesario", indicaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior. Además, el propio ministro Juan Ignacio Zoido ha ordenado este martes que ningún agente abandone su alojamiento en Cataluña si existe un contrato en vigor.

Por su parte, la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias en relación a los escraches y expulsiones de los agentes de sus alojamientos en Pineda de Mar -donde hubo quien acusó al Ayuntamiento de chantajear a los hoteles con su cierre- y Calella, municipio este último donde se habrían vivido episodios violentos por parte de guardias civiles de paisano. Asimismo, se investigará la posible responsabilidad de los regidores de dichas localidades.

Las movilizaciones vecinales en los hoteles donde se encontraban los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña venían promovidas por las cargas que dejaron centenares de heridos durante la jornada del 1-O.

Precisamente las imágenes de la violencia policial que ha sido condenada en medio mundo serán ahora analizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha pedido informes sobre la coordinación policial y los incidentes ocurridos el día del referéndum independentista.

Este órgano judicial fue el que encargó a Diego Pérez de los Cobos, mando nombrado por el Ministerio de Interior, para comandar el dispositivo que impediría la celebración de la consulta secesionista ilegal. Este martes, en un auto citado por EFE, la magistrada del TSJC Mercedes Armas, requiere un balance sobre "su grado de cumplimiento, sus incidencias y su resultado".

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