El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.
El texto establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas contra cualquier forma de discriminación.
Entre las novedades más relevantes, la norma reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género; prohíbe cualquier método destinado a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género; garantiza que todas las mujeres e igualmente las personas trans con capacidad de gestar podrán acceder a las prestaciones relativas a técnicas de reproducción asistida, y prevé la inclusión del conocimiento y el respeto a la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas.
También en el ámbito del Ministerio de Igualdad, el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI, y ha actualizado las cuantías y los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Claves principales de la nueva ley
- Libre autodeterminación de género: se realizará a través de un sistema de doble comparecencia eliminando la tutela médica y/o judicial. Los menores de 14 años podrán hacerlo con consentimiento paterno (y sin tratamiento) y desde los 16 ya no hará falta la autorización parental.
- Despatologización de la transexualidad: dejarán de ser enfermas en términos legales y no se exigirá un diagnóstico médico para acceder a un cambio de sexo.
- Se prohíben las terapias de conversión.
- Se prohíben las cirugías no esenciales a personas intersexuales hasta los 12 años.
- Mayor protección para los hijos e hijas de parejas de mujeres, se equiparan al matrimonio heterosexual en cuanto al derecho de filiación.
La nueva ley también contempla sanciones para la LGTBIfobia que se clasifican en leves o graves. Las leves, como mensajes discriminatorios o insultos irán desde 200 euros hasta los 2.000; mientras que las acciones calificadas como graves como excluirles en trabajos, pueden llegar a los 10.000 euros.
Las acciones muy graves, como las terapias de conversión, negar el acceso a bienes o el acoso, entre otros, se podrán sancionar con 150.000 euros.
Si (
No(
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