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Moncloa busca impugnar la resolución de Vox, PP y Cs para ilegalizar partidos independentistas
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(Foto: Pool Moncloa/ JM. Cuadrado)

Moncloa busca impugnar la resolución de Vox, PP y Cs para ilegalizar partidos independentistas

viernes 08 de noviembre de 2019, 16:17h

El Gobierno ha encargado a su gabinete jurídico que estudie "en profundidad" la resolución para ilegalizar partidos independentistas aprobada por la Asamblea de Madrid, con los votos de Vox, PP y Cs. Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez dejase caer que podría tener consecuencias.

"El Gobierno ha decidido este viernes encargar a los servicios jurídicos del Estado que estudien en profundidad la resolución por si es susceptible de ser impugnada" ante el Tribunal Constitucional. La proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid por PP, Ciudadanos y Vox insta a la ilegalización de los partidos independentistas "que atenten contra la unidad de España".

Sin entrar en valoraciones, Celaá se ha limitado a confirmar el encargo a los servicios jurídicos, después de que Sánchez alertase de la "deriva bien peligrosa" que supone esta proposición.

"La ultraderecha lastra al PP en una vía reaccionaria peligrosa; estamos asistiendo a una deriva peligrosa del PP. Vox no deja de ser una estretegia de José María Aznar contra Mariano Rajoy y se les ha ido de las manos", ha criticado el presidente del Gobierno en funciones en una entrevista en La Ser.

La Asamblea de Madrid se convirtió en foco de la polémica este jueves con el debate de una proposición no de ley planteada por la extrema derecha. Tal y como habían manifestado en diversas ocasiones, su intención no es otra que declarar ilegales a los partidos políticos soberanistas.

A pesar de que durante el debate, todos los portavoces parlamentarios arremetieron contra la formación de extrema derecha y parecían avanzar que no prosperaría su propuesta, PP y Cs votaron a favor y esta quedó aprobada en la Cámara regional madrileña.

Aunque la resolución carece de carácter vinculante ni ejecutivo, y por tanto no tendrá efectos prácticos, ha detonado la polémica por su valor político y porque supone una declaración de intenciones de la extrema derecha, que por el momento ha contado con el respaldo de 'azules' y 'naranjas'.

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