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María Jesús Montero
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María Jesús Montero (Foto: Pool Moncloa)

El Gobierno pacta con Ciudadanos una prórroga de 15 días del estado de alarma

> Moncloa introduce novedades en la quinta prórroga del estado de alarma sobre restricciones y cogobernanza
> Arrimadas logra compromisos del Gobierno relacionados con los ERTE y la moratoria del pago de impuestos

martes 19 de mayo de 2020, 15:38h

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que renunciar a su idea de prorrogar el estado de alarma durante algo más de un mes, hasta el 27 de junio, para pactar con Ciudadanos la aprobación de la quinta prórroga de 15 días. El Ejecutivo mantiene las negociaciones con ERC para tratar de buscar su respaldo y sigue pidiendo a "todas las fuerzas políticas que apoyen la prórroga hasta el próximo 7 de junio".

No habrá prórroga del estado de alarma hasta el 27 de junio como pretendía el Gobierno, sino que la quinta será de 15 días, al igual que las anteriores. Y es que mientras ERC se mantiene en el 'no' y después de que Ciudadanos dijera que no aceptaría una prórroga de un mes, Moncloa ha apurado las negociaciones que han terminado con el acuerdo con el partido de Inés Arrimadas para prolongar dos semanas el estado de alarma.

Moncloa pretende mantener el estado de alarma durante todo el proceso de desescalada, alegando que es "el único instrumento que permite restringir la movilidad", pero tendrá que solicitar cada dos semanas el visto bueno del Congreso.

"Aquellos que no quieren aprobar el decreto de alarma están trasladando que no haya restricción de la movilidad, sin tener en cuenta las consecuencias", ha afirmado Montero.

La formación 'naranja' ha confirmado el acuerdo en un comunicado en el que celebra "la interlocución que están manteniendo desde el acuerdo del pasado 5 de mayo", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Cs, Inés Arrimadas. Tras considerar necesario el mantenimiento de este mecanismo, señalan que debe hacerse por "el tiempo estrictamente necesario".

Durante esos 15 días de prórroga, el Gobierno se compromete a "analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de esta herramienta.

"El Gobierno comunicará a Cs las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias", reza la nota.

Además de la prórroga, han acordado que en los aplazamientos tributarios motivados por el impacto económico negativo del COVID-19, se aumenta en un mes (de tres a cuatro) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora. También han decidido "agilizar el pago de prestaciones por ERTE o desempleo a quienes aún no lo han cobrado para que puedan percibirlo durante el mes de junio, como muy tarde, y prioridad para la resolución de posibles incidencias al respecto".

"Se analizará la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación", confirma la formación de Arrimadas.

Los 'naranjas' han pactado con el Gobierno "impulsar que el mes de julio de 2020 sea hábil en el Congreso de los Diputados a los efectos de agilizar el trabajo parlamentario y recuperar parte del retraso provocado por el coronavirus".

Novedades en la prórroga del estado de alarma

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado las novedades que se incorporan en la solicitud de prórroga del estado de alarma que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. En esta quinta prolongación, se "consolidan los principios de gobernanza en base a los que dirigimos la desescalada y se reducen las autoridades delegadas competentes al Ministerio de Sanidad, de forma que dejan de tener competencias extraordinarias los ministerios de Interior, Defensa y Transportes, algo que reclamaban las autonomías y los partidos de la oposición.

Aunque el Gobierno sostiene que la desescalada se gestiona con las comunidades autónomas, rechaza que sean los Ejecutivos regionales los que puedan tomar decisiones de forma exclusiva.

Illa ha explicado que también se levantan algunas restricciones, por lo que desde el 4 de junio vuelven a contar los palzos procesales, así como los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones y los plazos administrativos.

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