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El Gobierno prorroga hasta el otoño el escudo social y el decreto 'antidesahucios'
(Foto: Agencias)

El Gobierno prorroga hasta el otoño el escudo social y el decreto 'antidesahucios'

martes 03 de agosto de 2021, 13:58h

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una nueva prórroga del decreto "antidesahucios", puesto en marcha durante la pandemia y la crisis económica derivada de ésta como una de las medidas del llamado 'escudo social'.

El Real Decreto-ley 8/2021 expiraba el lunes 9 de agosto, y ahora se mantendrá la prohibición de expulsar de sus casas a las personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de octubre.

Estas medidas también incluyen moratorias para el pago de las rentas del alquiler en el caso de familias vulnerables, siempre que el propietario de la vivienda no sea un particular con varias viviendas arrendadas.

También se prohíben los cortes de suministros básicos como el agua, la luz o el gas, por no poder hacer frente a los pagos.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha presentado esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y explicó que es una "prórroga a ese escudo social que es la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de protección de la vivienda, para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia".

También argumentó que servirá a proteger los "servicios esenciales a las víctimas de violencia de género, hasta el 31 de octubre". Rodríguez explicó que el Gobierno espera no tener que prorrogar estas medidas más allá del 31 de octubre, pero porque se prevé una mejoría generalizada, tanto en cifras de contagios como en la economía.

Rodríguez manifestó su deseo de que los "indicadores sanitarios permitan decir entonces que España se puede "enfrentar al futuro sin el escudo".

Protección frente a la violencia de género

En cuanto a las medidas aplicadas en la lucha contra la violencia de género, persiste la consideración de servicios esenciales para la protección y asistencia a las víctimas.

De este modo, las Administraciones Públicas competentes seguirán adoptando todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la prestación, entre otros, del servicios de acogida, de información o de asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas de violencia género, con el apoyo al personal que presta servicios de asistencia social integral a las víctimas.

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