El Govern de Pere Aragonès ha anunciado que se personará como acusación popular en todos los procedimientos judiciales relacionados con el espionaje a través del software Pegasus. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja, que ha vuelto a instar al Gobierno central a "asumir las responsabilidades políticas que le son propias".
El escándalo del 'caso espionaje' continúa, y en las últimas horas, La Moncloa ha confirmado que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron hackeados. Según el Ejecutivo, han conocido este espionaje a raíz del estallido del 'catalan gate'.
Y este martes, el Govern catalán ha confirmado que se personará como acusación popular "en todos los procedimientos que se sigan ante la Fiscalía y los tribunales relacionados con el posible espionaje e intromisión en la privacidad por medios tecnológicos, de líderes políticos, activistas sociales, profesionales y otros miembros de la sociedad civil".
"La Generalitat se personará con el fin de proteger los servidores públicos y defender sus derechos", ha afirmado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, antes de instar al Gobierno de Sánchez a "asumir las responsabilidades políticas que le son propias, ya que está inmerso en un escándalo sin precedentes y con carácter inmediato los que son responsables deben dimitir".
El Estatuto catalán establece que los poderes públicos deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos de la ciudadanía y también deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas; y que deben promover, entre otros valores, el de la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz, y la justicia. Los poderes públicos también deben fomentar que las tecnologías de la información se pongan al servicio de las personas y no afecten negativamente a sus derechos.
El Govern ya encargó al Gabinete Jurídico la coordinación de todas las acciones que corresponda ante las instancias judiciales pertinentes para la defensa de la Generalitat y de sus servidores.
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