Los obispos españoles han celebrado una Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la que especialmente se ha analizado la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia.
La asamblea ha estudiado y valorado el informe presentado por el Defensor del Pueblo el 27 de octubre. Al analizar esta cuestión, los obispos presentes han manifestado "su dolor por el daño causado" por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y "reiteran su petición de perdón a las víctimas".
Además, los obispos han dicho que trabajarán "conjuntamente" en la "reparación integral de las víctimas" y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.
Sin embargo, el análisis del informe ha terminado siendo duro contra sus autores: "Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega".
El informe del Defensor del Pueblo
Los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo, quien fue invitado a asistir a la reunión, pero aseguran que "declinó participar por motivos personales".
Pese a estas diferencias, la Asamblea Plenaria ha exlicado que se une a la petición del Defensor del Pueblo a "urgir al Estado a poner en marcha las recomendaciones" que el informe realiza a sus distintas instituciones, para "asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad", .
Consideran los obispos que hay que "tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial", es decir, que se cometen más abusos fuera de la Iglesia que dentro de ella.
También creen que "poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda".
Auditoría propia
Por otra parte, en relación a la auditoría propia sobre este tema, encargada por la Iglesia española al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, los obispos han acordado una ampliación del plazo de su trabajo, solicitada por su presidente, Javier Cremades.
En relación a las recomendaciones propuestas por el informe del Defensor del Pueblo, los obispos de la Asamblea Plenaria han "constatado" que, "en buena medida", son "convergentes con otras propuestas trabajadas en la Conferencia Episcopal Española desde ya hace algún tiempo".
Ya para finalizar su pronunciamiento, establecen que "un solo caso de abusos es intolerable. La Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones".
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