José Elías se ha convertido un rostro conocido de las redes sociales, podcasts y televisiones dado su éxito empresarial, aunque ahora se enfrenta a penas de prisión por construirse una mansión presuntamente ilegal.
El dueño de la cadena de congelados La Sirena o Audax Renovables está siendo investigado por un juzgado de Mataró por un posible delito urbanístico.
Todo se remonta al año 2018, cuando compró una casa en el municipio de Tiana para reformar y conseguir una vivienda de lujo. El terreno consta de 9.000 metros cuadrados en una zona protegida de la sierra de la Marina. Pero la reforma podría haber supuesto un delito.
Multas por la obra
Pero antes de la causa judicial, el ayuntamiento de Tiana ya advirtió al empresario de que no podía llevar a cabo estas reformas e inició un expediente, pero nunca se paralizaron.
El consistorio le insistió en paralizar las obras ya que se encontraba en una zona protegida, pero al seguir con ello pasados los meses, le envió una multa de 1,5 millones.
Según detalla el diario 'El País', las autoridades enviaron expedientes y avisos a José Elías, pero los ignoró y acabó culminando la reforma.
Ya en 2021 se puso todo en conocimiento de la Fiscalía y finalmente el asunto derivó en una querella ante el juzgado.
Elías niega las acusaciones
El empresario ya ha comparecido ante la jueza instructora y ha negado las acusaciones. Ha declarado que desconocía que la casa estaba situada en una zona protegida y ha insistido en que nadie le informó al respecto.
Durante las obras se produjeron movimientos de tierra, tala de árboles o derribo de construcciones preexistentes, según constataron los agentes locales en varios informes.
Pero Elías ha insistido en que "solo había un jardín con arbustos" y que "iban arreglando lo que iban viendo". El objetivo era reformar la casa para "modernizarla", ha explciado.
"Nunca se me dijo que esto no era una casa normal", ha insistido, negando todas las acusaciones. Pero los delitos urbanísticos de los que se le acusa pueden acarrear penas de entre 1 y 4 años de prisión si se demuestra que durante la reforma se ha afectado a "suelos de valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural".
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