La jueza instructora de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha dado el primer paso para la posible imputación de Carlos Mazón en la causa sobre la gestión de la tragedia de octubre de 2024.
La magistrada ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para investigar al ex presidente valenciano dada su condición de aforado.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha elevado al estamento superior la exposición razonada para la investigación a Mazón.
Pese a la dimisión del dirigente ‘popular’ como president, mantiene su escaño en Les Corts, por lo que es aforado. Esto implica que solo puede investigarle el Tribunal Supremo, no el juzgado de instrucción que está llevando la causa en la actualidad. Por ello ha remitido sus argumentos al Tribunal Superior de la comunidad.
¿Qué pasa ahora?
La magistrada ha solicitado varias pruebas y declaraciones para corroborar el grado de implicación de Mazón en la gestión del desastre.
Ha citado como testigos a su personal, a la periodista con la que comió ese día, incluso el líder nacional del PP enseñó sus mensajes a la jueza.
Con la petición de la jueza de elevar el caso al TSJCV, pueden producirse 3 escenarios.
El tribunal puede rechazar la solicitud al entender que no hay indicios de delito alguno por parte del ex president y que no se haga cargo de la causa. Algo que cambiaría bastante el rumbo de la instrucción.
Otra posibilidad es que la sala admita el recurso y llame a Mazón a declarar y determinen si pudo cometer algún delito. Si lo consideran, el TSJCV finalizaría la investigación.
Pruebas más sólidas contra Mazón
Y el último escenario es que el tribunal le indique a la jueza que continúe con la causa hasta lograr pruebas más sólidas contra Mazón.
Según fuentes jurídicas consultadas por la 'SER', esta tercera vía es la más plausible para muchos, pues todavía quedan pruebas que llevar a cabo y tienen que pasar muchos testigos clave por el juzgado. Además, es poco habitual que un tribunal superior asuma una instrucción que todavía no está concluida.
Por el momento, los únicos imputados son la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su número dos Emilio Argüeso.
En las riadas murieron 237 personas en una jornada que, pese a las alertas climáticas emitidas días antes, no se enviaron mensajes de advertencia a la población hasta que fue demasiado tarde.
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