Esta mañana se ha sabido, tanto por su abogado como por una actualización en su perfil en redes sociales, que la política y profesora independentista catalana no estará en Madrid para prestar declaración.
La misma Ponsatí, preguntada ayer domingo en la jornada de Sant Jordi, festiva en Cataluña al ser su patrón, ya declaró que hoy tenía que "trabajar", sin confirmar ni desmentir su ausencia judicial.
Citada a las 11:30 horas en el Tribunal Supremo, en Madrid, se presumía que la que fuera consellera de Educación del gobierno de Carles Puigdemont hasta 2017 se declararía en rebeldía.
Sobre las 10:00 de la mañana subió una foto donde indicaba que no estaba siquiera en España: "Llueve en Flandes", decía en el texto de acompañamiento a la imagen:
Su entorno ya casi confirmaba el rumor de que estaría ya fuera del país para no arriesgarse a ser arrestada.
Huida tras el procés
Ponsatí lleva más de 5 años en el exilio entre Escocia y Bélgica. Fue de los políticos del procés que escaparon tras la famosa jornada de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, como hicieron también Puigdemont, Toni Comín o Marta Rovira, de ERC.
En su comparecencia forzada en marzo, al ser detenida, la eurodiputada aseguró que no había vuelto a Cataluña "a pactar, sino a plantar cara". Preguntada por el día que ha elegido para volver, ha bromeado diciendo que le "iba bien", si bien ha recordado que este martes hace 5 años que la detuvieron en Escocia tras el 1-O.
Pontasí es actualmente miembro del Parlamento Europeo como electa del partido Junts, y tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre.
La europarlamentaria dio este paso después de que el magistrado del Supremo Pablo Llarena tuviera que revisar el procesamiento por el 1-O de Puigdemont y los ex consellers Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a raíz de la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición. Se modificó el de malversación y se creó uno de desórdenes públicos agravados.
Llarena ratificó el 12 de enero el procesamiento en rebeldía de Ponsatí, pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, debido a la derogación del mismo. Además, dejó sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores y dictó una nueva orden de detención contra ella para tomarle declaración.
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