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PP y Ciudadanos utilizan la negociación en Murcia para matizar su pacto nacional sobre regeneración

miércoles 12 de abril de 2017, 13:04h
Las conversaciones entre PP y Ciudadanos para reeditar el pacto en la Región de Murcia han empezado a cobrar una dimensión nacional y no sólo por la implicación de las cúpulas de ambos partidos, sino también por el contenido del nuevo acuerdo. Las dos formaciones han puesto encima de la mesa propuestas que podrían matizar o influir en su pacto estatal en materia de regeneración o incluso provocar cambios legislativos más amplios. Este último sería el caso de la medida que ha pedido el PP de limitar la acusación popular para que los partidos políticos no puedan personarse en causas por corrupción.
PP y Ciudadanos utilizan la negociación en Murcia para matizar su pacto nacional sobre regeneración
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(Foto: Ciudadanos)

La Región de Murcia se ha convertido en un laboratorio político en el que PP y Ciudadanos experimentan los límites de su pacto. Las negociaciones para hacer presidente de la comunidad al popular Fernándo López Miras tienen una dimensión nacional, ya que se está tratando de matizar o introducir cuestiones que podrían afectar al pacto que mantienen las dos formaciones a nivel estatal.

La principal batalla política se libra en torno a la eliminación de aforamientos de cargos políticos, una medida que ya estaba recogida en el anterior pacto de Murcia y que también aparece en el acuerdo nacional. Sin embargo, la reticencia del PP a empezar a tramitar esta medida ha llevado a la formación de Albert Rivera a plantear que esta reforma se haga de forma inmediata en la región, incluso antes de la investidura.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reiterado que la eliminación de aforamientos es uno de los puntos fundamentales para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Esta reforma se podría hacer de forma específica para Murcia mediante una reforma del estatuto de autonomía.

El dirigente de Ciudadanos ha vinculado la reforma autonómica con la reivindicación para hacer lo mismo con los aforamientos que impliquen a cargos estatales, lo que implicaría un trámite más complejo puesto que implicaría una reforma de la Constitución.

Villegas ha recordado que uno de los problemas que planteó el Gobierno era que no se podían eliminar los aforamientos nacionales sin tener en cuenta los que afectan a los cargos de los niveles autonómicos. "Ahí está la respuesta, modificar los estatutos de autonomía", ha señalado.

De este modo, la propuesta de eliminar aforamientos en Murcia de forma inmediata también sería una medida de presión para que el PP acepte avanzar en esta cuestión a nivel nacional.

Imputados y rehabilitación

Otro de los aspectos que se podrían matizar en el nuevo pacto de Murcia sería el referente a la obligación de apartar a los imputados por corrupción de sus cargos públicos. Ciudadanos ya ha mencionado la posibilidad de cambiar la redacción de este punto, para evitar que haya diferentes interpretaciones sobre en qué momento procesal se debe apartar al político.

El secretario general de Ciudadanos ha asegurado que el criterio general de su formación sigue siendo el de concretar que este punto se ponga en marcha en cuanto el político sea imputado formalmente, es decir, en cuanto sea llamado a declarar en calidad de investigado.

"No tenemos previsto ninguna variación en ese criterio. Es el que seguiremos manteniendo en esta negociación y en las que se puedan abrir en cualquier otro ámbito territorial", ha asegurado.

El PP llegó a asegurar que el presidente Pedro Antonio Sánchez no dimitiría hasta la apertura del juicio oral y, de hecho, mantienen que este debería ser el punto procesal adecuado para ello. Se apoyaban en el hecho de que el pacto original firmado con Ciudadanos en la región no concretaba en qué momento del procedimiento tenía que producirse la dimisión.

En relación con los imputados, el nuevo pacto de PP y Ciudadanos también podría incluir algún tipo de compensación para aquellos políticos que tuvieron que dejar su cargo y luego fueron absueltos por la justicia. Villegas ha reconocido que los populares están preocupados por esta cuestión debido a que es uno de los partidos con más cargos públicos bajo la sospecha de la corrupción, según el dirigente.

Sin embargo, ha asegurado que Ciudadanos de momento no está barajando ninguna fórmula concreta para llevar a cabo esta 'rehabilitación política'. Villegas ha señalado que tiene que ser el PP quien plantee una medida específica en este sentido, aunque ha concedido que ellos estarán dispuestos a negociarla.

El número dos de Ciudadanos ha reconocido que el PP le propuso una inhabilitación temporal para el caso concreto de Pedro Antonio Sánchez con el objetivo de que pudiera volver a la presidencia de Murcia si se retiraba la imputación. Villegas ha apuntado que no existía ningún tipo de base legal para acordar este mecanismo y que, por tanto, lo rechazaron.

Acusación popular

Lo que sí ha planteado ya el PP es la posibilidad de limitar la acusación popular para que los partidos políticos no puedan personarse como parte acusadora en los juicios. La propuesta la ha defendido el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernándo, en una entrevista en 'Onda Cero', en la que criticaba que esta fórmula había sido utilizada de forma "torticera" para desacreditar a los rivales político.

Precisamente en Murcia, tanto PSOE como Podemos participan en la acusación del 'caso Auditorio', en el que está imputado Pedro Antonio Sánchez.

Ciudadanos se ha mostrado, como mínimo, reticente ante esta nueva propuesta del PP. Villegas ha recordado que no existe ningún mecanismo para implementar una limitación de la acusación popular exclusivamente en Murcia, por lo que tendría que plantearse como una reforma nacional.

"Nosotros le vemos problemas a esa propuesta. Podría tener problemas de constitucionalidad porque limita la acusación popular, que es una figura recogida en la Constitución", ha valorado.

Además, Villegas ha mencionado que consideran que una reforma en esta figura tendría que hacerse de forma conjunta con otro tipo de reformas en la justicia, como la de asegurar la independencia de los fiscales que luego juzgan las causas por corrupción.

"En la actual situación, si no hubiera sido por la acusación popular, muchos de los casos de corrupción que se están juzgando no se hubieran podido investigar", ha añadido.

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