El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, pidió este sábado que el presidente del Gobierno rinda cuentas. La formación exige que Pedro Sánchez comparezca esta misma semana con el accidente de Adamuz como único punto del orden del día.
El Gobierno confirmó que Sánchez lo haría a petición propia en el Congreso, pero sin adelantar fechas ni más detalles.
"La falta de gestión tiene consecuencias", afirmó Bravo con rotundidad. El dirigente popular vinculó la tragedia de Córdoba, que dejó 45 muertos y más de 100 heridos, con una supuesta falta de responsabilidad y de ejecución presupuestaria del Ejecutivo.
Bravo criticó las explicaciones dadas hasta ahora por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Consideró que sus palabras sobre la pérdida de fiabilidad del sistema solo transmiten "más inseguridad, más incertidumbre y más preocupación" a los ciudadanos.
El PP rechazó que las preguntas formuladas por Alberto Núñez Feijóo sean calificadas como bulos. "Son preguntas sobre los retrasos, sobre la comunicación de los maquinistas, sobre la situación del sistema", replicó el vicesecretario 'popular'.
La formación exigió que Sánchez hable del siniestro del domingo y no de cuestiones internacionales como Groenlandia o Israel. Bravo advirtió que, si el presidente no acude al Congreso con urgencia, pedirán que lo haga forzosamente en el Senado.
Deterioro de la seguridad
El dirigente del PP aseguró que su partido lleva tiempo advirtiendo de la situación ferroviaria. Recordó que en septiembre de 2025 ya denunciaron más de 3.000 incidencias en la línea Madrid-Barcelona ante la comisión correspondiente.
Según Bravo, la inseguridad del Ministerio se refleja en los cambios constantes de criterio tras el accidente. Mencionó las reducciones de velocidad de 300 a 160 km/h, para luego subirlas a 230 km/h, afectando también a las líneas de Valencia y Galicia.
"Subirnos a un AVE hoy no es igual que antes", sentenció el popular. Describió situaciones cotidianas de inestabilidad en los vagones y recordó que los propios maquinistas llevan tiempo denunciando el mal estado de las infraestructuras.
El PP urgió al Gobierno a presentar un plan para el sector ferroviario antes del 5 de febrero. Esta fecha marca el límite legal de dos meses fijado en la Ley de Movilidad para que el Ministerio entregue un informe detallado sobre las incidencias y sus soluciones.
Finalmente, Juan Bravo adelantó que pedirán responsabilidades políticas una vez se conozcan las conclusiones técnicas de la investigación. "Caiga quien caiga", zanjó el representante del PP para reclamar transparencia total sobre lo ocurrido en Adamuz.
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