Las acusaciones populares del 'caso Koldo', encabezadas por el Partido Popular, han solicitado condenas de 30 años de prisión para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor, Koldo García. Asimismo, han pedido condenar al comisionista Víctor de Aldama a 7 años de prisión. Así lo lleva el escrito de acusación que han mandado al Tribunal Supremo, paso previo a que el instructor Leopoldo Puente dicte auto de apertura de juicio oral por la trama de las mascarillas, mientras sigue investigando otros hechos.
Son peticiones un poco más elevadas de la que pidió este miércoles la Fiscalía Anticorrupción en esta rama principal del conocido como 'caso Koldo': 24 años para Ábalos y 19 y medio para el ex asesor, y los mismos 7 años para Aldama.
Las acusaciones han pedido al juez que celebre una vista para determinar la prisión provisional contra Ábalos y Koldo García, al creer que la "elevada petición de pena" hace subir el riesgo de que se fuguen.
El escrito de acusación coloca a Ábalos y Koldo los mismos delitos: uno de organización criminal, un delito continuado de cohecho, 3 delitos autónomos de cohecho, un delito continuado de tráfico de influencias, 4 delitos autónomos de tráfico de influencias, un delito de falsedad en documento oficial, otro de malversación y dos de prevaricación administrativa. A Aldama se le atribuyen todos ellos a excepción del delito de malversación, que solo pueden cometer las autoridades o funcionarios públicos.
Piden que Sánchez y Cerdán testifiquen en el juicio
Las acusaciones populares, coordinadas por el PP, han pedido al Supremo que de cara al juicio vayan a testificar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, la ex ministra Reyes Maroto y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
En su escrito de conclusiones provisionales piden la testifical de 62 personas, que aparecen divididas en 4 apartados de acuerdo con los hechos concretos que tienen que responder en el interrogatorio. En el apartado 3 sobre el rescate a la aerolínea Air Europa y la nota de prensa sacada por Transportes, solicitan la testifical de Pedro Sánchez; de Pedro Saura, ex secretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente del Grupo Correos; y de Ricardo Mar Ruipérez, exdirector de gabinete de Ábalos y actual número 2 de Paradores.
Al igual, solicitan que testifique la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, así como la ex ministra Reyes Maroto, las dos por su relación jerárquica con Carlos Moreno Medina y Juan Ignacio Díaz Bidart, sus respectivos jefes de gabinete, que están también citados. A todos ellos se les encuadra en el epígrafe sobre "los pagos en metálico de 10.000 euros" que supuestamente recibían el ex ministro y su ex asesor.
En este bloque, entre otros, también estarían los hijos de Ábalos Víctor Manuel y Tatiana Ábalos; su ex mujer Carolina Perles; el ex consejero delegado de Air Europa Francisco Javier Hidalgo; el ex dirigente socialista Santos Cerdán; la ex mujer de Koldo, Patricia Uriz; y su hermano Joseba García. En este bloque, el mayor con hasta 31 testigos, meten también a Leonor María González Pano y su madre Carmen Pano, la mujer que aseguró haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE.
Asimismo, en cuanto a las contrataciones de determinadas personas en empresas públicas, piden que testifique Jessica Rodríguez, la ex pareja de Ábalos que fue contratada en Tragsatec e Ineco; Claudia Montes, la ex Miss Asturias que trabajó en Logirail; e Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif e investigada en la rama del caso que se lleva en la Audiencia Nacional.
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