El Tribunal Supremo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar las retribuciones que recibió del Congreso el ex ministro José Luis Ábalos y las donaciones que realizó al PSOE entre 2014 y 2024, ante la "falta de sintonía" entre el patrimonio declarado y el dinero reflejado en sus cuentas.
En un auto al que ha tenido acceso 'RTVE', el juez Leopoldo Puente atiende a la petición de los investigadores, que argumentaron que era necesario conocer las cantidades abonadas tanto a Ábalos por parte del Congreso en concepto de retribuciones, dietas o complementos, así como las donaciones realizadas por el ex dirigente socialista al partido, incluyendo la información de la cuenta bancaria.
Esta solicitud venía motivada porque en la Agencia Tributaria (AEAT) consta que Ábalos recibió por parte del Congreso durante una década un total de 751.421,57 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas procedente del Parlamento asciende a un total de 79.841,74 euros. Y lo mismo ocurre con las donaciones.
Mientras en la AEAT consta que realizó donaciones al PSOE por un total de 44.729,29 euros, en los productos bancarios sólo existe constancia de pagos por un monto total de 8.471,36 euros.
"Además, existen percepciones económicas giradas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales entre las fechas antedichas", agrega la UCO.
Por todo ello, ha pedido permiso para enviar sendos requerimientos judiciales al Congreso y el PSOE para que informen detalladamente de todas esos movimientos, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato asociado.
Pide información laboral sobre Cerdán y Koldo
En su escrito, el magistrado, que instruye el 'caso Koldo' en el Supremo, comparte criterios con la UCO y señala que lo autoriza "con el propósito de esclarecer estas aparentes faltas de sintonía en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del investigado".
Además, acuerda que esto sea llevado a cabo por la Guardia Civil por tratarse de una cuestión "de naturaleza estrictamente administrativa" y en atención a la "celeridad que demanda" esta "causa con preso", lo que haría referencia al ex secretario de Organización Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el 30 de junio.
Precisamente, el juez también ha requerido datos de los investigados y sus empresas, entre ellos el propio Santos Cerdán.
En concreto, pide a la Seguridad Social la vida laboral de los 5 empresarios imputados por el presunto pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública -Antxón Alonso, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y José Ruz-, y de los presuntos beneficiarios de dichas mordidas -Santos Cerdán, el ex asesor Koldo García y su ex mujer Patricia Uriz-.
El instructor se dirige también a Hacienda para pedir información sobre los empresarios y sus empresas y de Fiadelso, la fundación vinculada a Ábalos, para conocer la verdadera situación patrimonial de estas personas físicas y jurídicas.
En el caso de la empresa Servinabar S.L., de la que se habrían encontrado acciones a nombre de Cerdán según la UCO, extiende el requerimiento a la Hacienda Foral de Navarra.
El juez explica que la información obtenida se cruzará con los datos bancarios ya solicitados, lo que permitirá "conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuales determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquellas".
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