Sáenz de Santamaría admite que Junqueras le reclamó un referéndum en 3 reuniones

"Yo no traté con miembros de la Generalitat sobre el 1-O", respondió tajante la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a las preguntas del abogado de Vox, Javier Ortega Smith, en el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo.

En cambio, Sáenz de Santamaría sí admitió tres encuentros con el entonces ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sentado actualmente en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de rebelión, entre otros.

Tres reuniones con Junqueras

Sáenz de Santamaría admitió haberse reunido en tres ocasiones con Junqueras, dos veces en 2016 La Moncloa y una tercera al año siguiente en Barcelona, y si bien admitió que el líder de ERC llevó a la mesa el tema del referéndum, la ex vicepresidenta asegura que simplemente cortó el diálogo advirtiéndole de que en ese tema no iba a entrar porque el Gobierno no podía intervenir en la soberanía nacional de todo el pueblo español, algo que requeriría un cambio constitucional.

Según el relato de Sáenz de Santamaría, en enero de 2017, Junqueras le dio cara a cara un ultimátum porque defendía que "tenía el mandato exclusivo de un referéndum" y no quiso hablar de los 45 asuntos que el señor Puigdemont había entregado al presidente del Gobierno.

"No íbamos a negociar ningún asunto relativo al referéndum", concluyó para dar por finalizado el diálogo con la Generalitat. "Después quizás hubo algún encuentro institucional, pero nada más", añadió. Asimismo, admitió haber mantenido contactos con posterioridad a esa fecha con "distintas personas" de la sociedad civil, pero con "ningún miembro del Govern en la delegación del Gobierno".

Aplicación del artículo 155

Sáenz de Santamaría defendió la aplicación en tiempo y forma del artículo 155 de la Constitución en Cataluña frente a los que opinaban que no debió aplicarse nunca o los que consideraron que llegaba tarde. Su objetivo era la "defensa de la soberanía y garantizar el cumplimiento de la ley con prudencia y en defensa de la convivencia", denfendió.

Si bien la ex vicepresidenta aseguró que el Gobierno consideró que los sucesos de Cataluña eran una "vulneración muy grave" que ponían en riesgo el orden constitucional defendió que se descartaran aplicar otras medidas más graves como el estado de sitio o el estado de excepción.

Fue el "intento de la derogación de la Constitución en esa comunidad", admitió. Sin embargo, no el Gobierno no fue a más. "Consideramos que el mecanismo adecuado es el previsto en el artículo 155 (...) era la medida más acorde a la Constitución", replicó recordando que los estados de excepción y de sitio "pueden comportar el recorte de derechos".

La ex vicepresidenta argumentó que su objetivo era perseguir a "los que habían incumplido gravemente la Constitución y no a los ciudadanos de Cataluña" y se decantaron por el 155 para preservar su convivencia que ya consideraban como "una medida excepcional ante una situación muy grave".

"¿Entendieron que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) era meramente simbólica?", preguntó la Fiscalía en otro momento en alusión a la argumentación repetida por los distintos acusados. "No, por eso aplicamos el artículo 155", respondió Sáenz de Santamaría.

No obstante, para cerrar el interrogatorio la ex vicepresidenta tuvo que admitir que el texto no llegó al boletín oficial ni mucho menos. "¿Le consta a usted el acto formal de la publicación de la Declaración Unilateral de Independencia?", le terminó por preguntar el propio magistrado Manuel Marchena después de que la testigo esquivara varias veces las preguntas de la defensa que insistía en que la DUI no se llegó a votar puesto que aparecía en el preámbulo de una proposición que no vio la luz. "No, no lo sé", contestó.

No hubo un referéndum

En varias ocasiones, la ex vicepresidenta concluyó que el referéndum no se había producido, tal y como declaró en su día la Junta Electoral Central. "Una actuación de esa naturaleza, cuando no cumple la ley ni los requisitos... Usted puede llamarlo como quiera, jurídicamente es lo que es", respodió Sáenz de Santamaría a uno de los letrados de la defensa.

Actos violentos

Por otro lado, Sáenz de Santamaría aseguró que fue conocedora por parte del ministro del Interior, el delegado del Gobierno en Cataluña y los propios medios de comunicación de los actos violentos que se vivieron en Cataluña.

"Todo el mundo vio aquellas imágenes violentas (...) los vimos todos por televisión", defendió para referirse a los sucesos del 20 de septiembre recordando que el ejecutivo envió a Cataluña cerca de 6.000 policías uno o dos días, si bien después matizó que la decisión de llevar agentes a Cataluña había sido anticipada ya antes de los sucesos de ese día.

"La violencia es lo que se produjo ese día", en alusión a los acontecimientos del 20 de septiembre ante la conselleria de Hacienda con la comitiva judicial que estaba realizando el registro. No aportó ningún otro dato en relación a episodios de violencia ante las distintas intervenciones más allá de rememorar que la delegación del Gobierno le informó del "acoso violento" que vivían los agentes en casas cuarteles, en las oficinas... y rechazó la alusión a esos sucesos como "escrache" que hizo la defensa.

Preguntada sobre violencia ejercida por parte de los agentes policiales, Sáenz de Santamaría responsabilizó de lo sucedido a los líderes independentistas que convocaron el referéndum y recordó que ese tipo de imágenes "se producen a la vista de disturbios" como en otras ocasiones. "Si no se hubiera llamado masivamente a actuar como murallas humanas a lo mejor alguna de esas imágenes no se hubieran producido", sostuvo recordando que también hubo policías heridos. Eso sí, quedó patente que se engordaron considerablemente las cifras aquellos días.

"93 agentes también fueron atendidos por distintas contusiones y heridas", apuntó la ex vicepresidenta. "307 menos de los que fueron declarados esa mañana", le puntualizaron las defensas. "Fuimos depurando los datos", respondió para justificar el desfase del cálculo.

Asimismo, tuvo un encontronazo con otro letrado de la defensa a cuenta del cálculo de civiles heridos el 1-O. Preguntada por si también tuvo conocimiento de los más de 1.200 heridos que se registraron en los hospitales y centros de salud, la ex vicepresidenta aseguró que supo de "3 o 4 heridos, a una de las cuales le dio infarto". Entonces se enredaron en una guerra dialéctica sobre si fueron "atendidas" o "lesionadas" poniendo en duda la credibilidad de las cifras que por otra parte negó que le llegaran por parte del Govern. "A mí desde luego la Generalitat no me dio esos datos", concedió. "¿Y los agentes cómo le consta si fueron atendidos o fueron lesionados?", dejó en el aire la defensa.

"Creo que la Policía y la Guardia Civil son profesionales y aquel día actuaron con profesionalidad", insistió al ser preguntada sobre las cargas policiales.

Descabezar el independentismo

Preguntada por aquella ocasión en que en plena campaña electoral se felicitó de que el Gobierno "había descabezado al independentismo", Sáenz de Santamaría explicó que se refería a que el ejecutivo "había cesado a todo el Govern de la Generalitat". "Fueron expulsados de Cataluña por el daño grave al interés general", aseguró.

Desconfianza de los Mossos d'Esquadra

Sáenz de Santamaría rehuyó las preguntas de las defensas en relación a la confianza del Gobierno a la actuación de los Mossos d'Esquadra al extremo de ser advertido por parte del letrado de la defensa de la existencia de un delito de convertirse en testigo renuente.

"¿A qué iban a reforzar o a sustituir a los Mossos d'Esquadra? (...) ¿Confiaban en la policía autonómica o era en sustitución?", preguntó la defensa en varias ocasiones en relación a los 6.000 agentes enviados a Cataluña para evitar la consulta en más de 2.300 centros de votación. Se nombró un coordinador para "dar cumplimiento de esa decisión judicial", se limitó a responder tras varios intentos de reformular las preguntas.

En otra de las respuestas, Sáenz de Santamaría admitió que no había ningún documento que atestiguara que fuesen 6.000 los policías desplazados a Cataluña. "Era de lo que se hablaba aquellos días, no tenía una información concreta", sostuvo. "Yo ni participé ni diseñé aquel dispositivo judicial".

Asimismo defendió una mayor intervención del gobierno central en la conselleria de Interior tras la aplicación del artículo 155 si bien admitió que el Gobierno no tuvo constancia de que se mostrase algún tipo de resistencia y oposición por parte de los cargos autonómicos.