El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el próximo año se celebrará el Debate sobre el estado de la Nación.
Es algo que no sucedió en 2019 por la imposibilidad de formar gobierno y, posteriormente, en 2020 tampoco, pero debido a la pandemia.
Sánchez ha señalado que, en menos de la mitad de la legislatura, ya ha comparecido en 13 ocasiones ante el Pleno -la última de ellas, el mes pasado- y en otras 2 en el Senado. Además, ha contestado en ese período a un total de 158 preguntas orales en 50 sesiones de control. "Por tanto, este es un Gobierno que rinde cuentas ante el Parlamento", ha asegurado Sánchez en su respuesta a Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular.
"Este Gobierno está concentrado en superar la pandemia y en consolidar la recuperación económica. Y recuperar la situación económica implica estabilidad política, implica normalidad democrática, implica tener legislaturas de cuatro años y aprobar Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma", ha manifestado.
La normalidad democrática -ha añadido el presidente- significa también cumplir con las obligaciones constitucionales, incluyendo la renovación pendiente de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Renovación de los órganos constitucionales
Respecto a la reciente renovación del resto de los órganos constitucionales -entre ellos, el Tribunal Constitucional-, Pedro Sánchez ha indicado que la obligación del Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo respaldan era "desbloquear la parálisis de instituciones muy importantes para el funcionamiento de nuestra democracia que llevaban más de mil días bloqueadas".
Congreso de los DiputadosEn su contestación a Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el jefe del Ejecutivo ha sostenido que detrás del bloqueo a la renovación del CGPJ subyace el hecho de que la oposición no asume su condición de minoría parlamentaria.
Además, Sánchez ha calificado de "nada pragmático desde el punto de vista político" el debate sobre una posible reforma constitucional, teniendo en cuenta que esos mismos partidos se han negado incluso a modificar el artículo 49, como piden los movimientos sociales de la discapacidad, para eliminar de la Constitución el término "disminuidos".
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