La permanencia de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior está fuera de todo peligro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dado respaldo "sin fisuras" pese a que él mismo, después de mantener conversaciones con el ministro y con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mandara rescindir el contrato de compra de balas a Israel con el objetivo de preservar la coalición. El contrato ha sido muy criticado tanto en la izquierda y la derecha políticas y le ha valido a Marlaska diversas peticiones de dimisión. Mientras, el Ejecutivo ya se encuentra estudiando la estrategia ante la previsión de que la empresa israelí lleve el caso a los tribunales.
Fuentes de Moncloa afirman que Marlaska "nunca ha estado ni medio cuestionado" en los pasados días después del escándalo por el contrato que Interior hizo en plena Semana Santa con una empresa israelí para la compra de balas para la Guardia Civil, aunque admiten que fue "un gran error". El contrato, que salió a la luz varios días más tarde, llevó a una crisis entre el PSOE y su socio de coalición, Sumar, y afectó por ello al compromiso de Sánchez con Palestina. El Gobierno en su conjunto ha querido cerrar filas este viernes con el ministro del Interior.
Las críticas de la propia Díaz habían sido rotundas. "Es una vulneración flagrante de los acuerdos", comentó, solicitando la rectificación "inmediata" y la comparecencia del ministro. Díaz se dirigió en persona a Marlaska y con Sánchez para enmendar su "error" y, después de ello, ha matizado las palabras contra el ministro a pesar de que en Sumar llegaron a solicitar su dimisión.
"Rectificar nos hace mejores", ha comentado este viernes en una entrevista en RNE, cuestionada por si el ministro ha sido desautorizado por Sánchez y tiene que dimitir. Ella misma ha admitido que en el pasado ha tenido que cambiar algunas decisiones tomadas en su ministerio. Además, ha subrayado el "cariño" que le tiene al ministro, pese a las discrepancias normales entre sus distintas formaciones políticas, y ha señalado que es "una persona extraordinaria".
No es la primera crisis que afecta a Marlaska, que ya ha estado antes en medio de la polémica tras la transferencia de competencias en materia migratoria a Cataluña, por el fracaso de la derogación de la ley mordaza o por la tragedia de la valla de Melilla en 2022, en la que fallecieron más de una veintena de migrantes. Además del asesinato de dos agentes de la Guardia Civil golpeados por una narcolancha en Barbate o la crisis migratoria en Canarias por el hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín.
Pese a ello, el ministro del Interior es uno de los pocos que siguen junto a Sánchez desde que hizo su primer gobierno en 2018 y parece que va a seguir así.
El Gobierno espera la demanda de la empresa israelí: "Veremos quién gana"
Pero la polémica por el contrato de compra de balas a Israel, que tiene un valor de 6,6 millones de euros, no acaba aquí. La propia Díaz está segura de que habrá un litigio con la empresa israelí. “Veremos quién gana”, ha dicho en RNE, si bien ha querido dejar claro que la rectificación del Gobierno en el contrato es "completamente legal". Al principio, Interior había llevado adelante el contrato asegurando que la Abogacía del Estado creía que no se podía rescindir, pero Díaz ha afirmado que existen fórmulas legales para ello.
Según diversos medios, la fórmula que va a utilizar el Gobierno para rescindir el contrato es denegar a la empresa israelí IMI System la autorización de la importación de material de defensa. De esta manera, el Ejecutivo podría ampararse en que no se pueden recibir las balas.
Fuentes jurídicas señalan que la empresa podría pedir una indemnización por la vía contencioso-administrativa de, como mucho, el 3% del valor del contrato, lo que sería alrededor de unos 180.000 euros que Sánchez pagaría gustoso para salvar la coalición. Y es que hay que recordar que IU amenazó con romper y con la salida de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (la cuota de Izquierda Unida) del Ejecutivo. Esta cantidad, según las mismas fuentes, se debe a que el Tribunal Supremo estipula que las empresas únicamente pueden reclamar el beneficio industrial estimado.
Si (
No(
