El Supremo ha dado al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, la oportunidad de que declare de forma voluntaria por la querella que han puesto contra él por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 con su partido y a los que ha citado como querellantes para el próximo 12 de enero.
En un auto al que han tenido acceso diversos medios, el magistrado Manuel Marchena ha decidido abrir diligencias previas para investigar los hechos, que la Sala de Admisión puso indiciariamente, en auto del pasado octubre, como constitutivos de esos presuntos delitos.
Marchena, como instructor de la causa le ha solicitado que en un plazo de 5 días informe si quiere prestar declaración voluntaria antes de que pueda concederse por el Parlamento Europeo la autorización para proceder contra él, y ha decidido que comiencen los trámites para solicitar ese permiso.
A la vez, el magistrado ha citado para el 12 de enero a los dos eurodiputados querellantes, Diego Solier y Nora Junco, que abandonaron el partido y al final se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos.
Cuarta causa contra él
El Supremo ha decidido admitir a trámite la querella contra el líder de SALF siguiendo el criterio de la Fiscalía interpuesta el pasado 27 de junio por los eurodiputados.
Esta es la cuarta causa que el alto tribunal comienza contra Alvise. Hasta el momento, se le había encausado por difundir una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; también por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, además de la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que obtuvo del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.
En este caso, los eurodiputados habían denunciado que no solo venían siendo víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de las redes sociales por culpa de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos en un podcast y en un canal de Telegram, sino que, además, llegaban a "temer por su integridad física" al desvelar también el lugar en el que se estaban o al que se dirigían.
Ambos lo habían denunciado y acreditaron que, después de filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, les llegó una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, hasta el punto de que tuvieron "una continua sensación de inseguridad", llegando a cambiar "sus hábitos o rutinas".
El Supremo especifica que cerraron algunas de sus redes sociales, en otras pusieron límites a terceros la posibilidad de comentarios, dejaron de coger llamadas telefónicas de números desconocidos y comenzaron a recibir "miles" de correos electrónicos llenos de insultos y amenazas.
Los eurodiputados dijeron que todo ello les impedía "significativamente" su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar", por no hablar "del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".
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