El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña autorizó los arrestos la semana pasada de 3 individuos: el empresario Antxon Alonso, la ex militante del PSOE Leire Díez, y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
La investigación, que se lleva a cabo bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, indaga si los 3 cobraron más de 700.000 euros en comisiones en 5 operaciones distintas, presuntamente involucrando a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que los imputados forman parte de un grupo autodenominado Hirurok. Este grupo, señala el juzgado, "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".
Sistema de comisiones y periodo de actividad
La UCO sospecha que la actividad del grupo se habría desarrollado "al menos entre 2021 y 2023" y que se proyectó a "distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas". El objetivo del sistema era "obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" mediante "contratación y facturación mendaz". Los fondos se canalizaban, principalmente, a través de la mercantil Mediaciones Martínez.
Para "la perfección de este sistema", los investigados habrían actuado de forma coordinada, adoptando medidas de seguridad para asegurar la "más discreción y confidencialidad de sus actuaciones". En total, se han detectado cinco operaciones donde presuntamente consiguieron decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos", implicando a entidades dependientes de la SEPI, que Fernández presidió entre 2018 y 2019.
5 operaciones bajo sospecha
El auto recoge 5 adjudicaciones o ayudas en las que Hirurok habría obtenido comisiones ilícitas:
- Rescate de Tubos Reunidos: La SEPI concedió un rescate a esta empresa por 112,8 millones de euros. El grupo Hirurok habría realizado acciones de "intermediación" para que se otorgara esta ayuda, por lo que percibieron 114.950 euros a través de facturación presuntamente mendaz emitida por Mediaciones Martínez.
- Contrato de Mercasa: La sociedad pública Mercasa adjudicó un contrato a Servinabar, empresa de Alonso (y de la que sería socio el exdirigente socialista Santos Cerdán), por 18.119,75 euros. El trabajo consistió en un "informe técnico" sobre la rehabilitación de la sede, que la UCO califica de innecesario. Según la resolución, los investigados y una serie de directivos de la sociedad pública diseñaron la operativa para generar una justificación mendaz y, al mismo tiempo, propiciar un beneficio económico al grupo.
- Adjudicación de PEPA: El Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) adjudicó un contrato por 2,8 millones de euros a la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente. Se sospecha que los miembros de Hirurok influyeron a través del presidente de la mesa de contratación, beneficiando a la mercantil Eriberri. Como contraprestación, la empresa canalizó 400.000 euros al grupo.
- Pagos de ENUSA: El juzgado investiga supuestos pagos desde la empresa pública Enusa al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. La operativa se dio mientras Acciona buscaba adquirir dos explotaciones de la empresa pública (una incineradora en Melilla y un centro de residuos en Castellón). La contratación habría generado sobrecostes "aparentemente cuantificados en el 50% del importe" que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de Hirurok. El despacho habría materializado pagos a Mediaciones Martínez por 17.545 euros.
- Ayuda a Arapellet (Forestalia): Sepides concedió una ayuda de 17,32 millones de euros a Arapellet, del grupo Forestalia. Se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo Hirurok, también canalizados a través de Mediaciones Martínez.
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