El Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisará el juicio del 'procés'

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha explicado este viernes que admite los recursos de los lideres independentistas contra la sentencia de 2019 del Tribunal Supremo.

El tribunal españoles les condenó por el delito de sedición y ahora la corte europea admite sus recursos que cuestionan a la Justicia española por la imputación de este delito por el que fueron sentenciados.

Ahora nuestro país afronta un plazo 4 meses para contestar al TEDH sobre 6 preguntas que le realizan, en torno a la interpretacion que hizo de los delitos de sedición y malversación que cometieron los líderes independentistas por organizar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

El TEDH pregunta si hizo una interpretación "expansiva o imprevisible" de estos delitos para condenarlos.

Hay que recordar que los delitos por los que fueron juzgados ya no existen como tal, puesto que en la anterior legislatura, además del indulto de los condenados, se legisló el final del delito de sedición y la modificación del de malversación.

El TEDH podría investigar si los lideres del procés soberanista catalán fueron condenados por hacer política en un ejercicio legitimo del derecho a la libertad de expresión y asociación.

Este cuestionario que el TEDH envía ahora a España pide aclarar si se produjeron vulneraciones de los derechos de los 9 procesados.

Los condenados

Los condenados por sedición fueron Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos, salvo los 2 últimos, integrantes del Govern catalán que aprobó el referéndum y proclamó la independencia de manera unilateral. Sànchez y Cuixart eran por entonces activistas, de la ANC y de Omnium Cultural.

Por malversación también fueron condenados, además, los ex consellers del Govern Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila.

El 22 de junio de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a todos los condenados.

Habían sido sentenciados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Se descartó la rebelión, delitos que proponían tanto la Fiscalía como Vox.

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