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Unidos Podemos recurre ante el Tribunal Supremo la intervención del Gobierno central en Cataluña
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(Foto: Dani Gago/Podemos)

Unidos Podemos recurre ante el Tribunal Supremo la intervención del Gobierno central en Cataluña

> El grupo parlamentario asegura que los incidentes vividos en Zaragoza son culpa del clima generado por el PP

martes 26 de septiembre de 2017, 14:34h
El grupo parlamentario Unidos Podemos ha optado por tomar la vía judicial contra la intervención del Gobierno central en las instituciones catalanas. La formación morada ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo porque consideran que se está produciendo una "invasión a la autonomía de Cataluña" sin precedentes y sin contar con la voluntad del Parlamento. También han anunciado que pedirán la comparecencia del ministro del Interior para pedirle explicaciones por los incidentes vividos en la concentración de ultras que cercó su Asamblea en Zaragoza del pasado domingo.

La batalla judicial por el conflicto catalán toma una nueva dimensión. Esta vez ha sido Unidos Podemos quien ha decidido recurrir a las instancias de la justicia para intentar suspender la intervención que ha realizado el Gobierno central en las instituciones catalanas como respuesta al desafio independentista.

El grupo confederal ha registrado un recurso ante Tribunal Supremo al entender que las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy vulneran la ley y los principios constitucionales.

"Entendemos que se está produciendo una invasión de la autonomía de Cataluña que no tiene precedentes", ha comentado la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero.

La dirigente ha criticado que además el Ejecutivo está eludiendo el Parlamento y que ni siquiera se atreven a utilizar el mecanismo de aplicación del artículo 155 de la Constitución, que requeriría una autorización del Senado, en donde los populares tienen mayoría absoluta.

El recurso, ya registrado, tiene la firma de todos los senadores de Unidos Podemos y se orienta específicamente contra las órdenes que permitieron al Gobierno asumir competencias relacionadas con las cuentas de la Generalitat. El grupo confederal argumenta que estas órdenes no se pueden aplicar sin la puesta en marcha del artículo 155, lo que no se ha hecho formalmente.

En el propio texto del recurso, los dirigentes piden que se suspendan de forma cautelar estas medidas y se declare su nulidad al no haber seguido el procedimiento. Entienden, por tanto, que el Gobierno ha vulnerado el derecho fundamental a la participación política, recogido en la Constitución en su artículo 23.

Incidentes en Zaragoza

Unidos Podemos y Compromís también han pedido la comparecencia del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique por qué la policía nacional fue incapaz de garantizar la seguridad de los asistentes a la asamblea de cargos públicos celebrada el pasado domingo en Zaragoza.

Un grupo de ultraderechistas cercó el pabellón en el que se producía el acto, en el que participaban cargos de Unidos Podemos y sus confluencias, PNV, PDeCAT y ERC. La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, sufrió una agresión al recibir el impacto de una botella y un policía fue herido leve.

La formación morada ha protestado por la respuesta que recibieron de la delegación del Gobierno que, según ellos, contestó que no tenían efectivos suficientes porque habían enviado a muchos agentes a Cataluña.

"El Gobierno no garantiza el derecho a asociación y reunión por no tener efectivos mientras hay más de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad en el puerto de Barcelona sin saber por qué", ha criticado Xavier Domènech.

La formación morada también ha señalado que el desplazamiento de efectivos policiales a Cataluña para "perseguir urnas o papeletas" puede suponer una merma en la seguridad en el resto de territorio.

Unidos Podemos responsabiliza de lo ocurrido al PP por haber causado un clima de tensión por su respuesta al desafío independentista. Además, quieren pedir explicaciones por la presencia de cargos del PP en la concentración y por la participación individual de algunos policías.

"Cuando el Gobierno de un país no dialoga y delega toda la responsabilidad de la gestión de un conflicto en la policía y la guardia civil manda un mensaje a los ciudadanos de que no vale el diálogo sino sólo la imposición de la fuerza bruta. Al final eso eleva el nivel de tensión y genera un clima de crispación que puede derivar en situaciones como esta", ha dicho Montero.


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