Varios condenados por el 'procés' pedirán su absolución tras los cambios en los delitos de sedición y malversación

Varios condenados por el procés soberanista catalán, entre ellos Oriol Junqueras, han pedido al Tribunal Supremo la absolución tras los cambios en el Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación.

En concreto afecta al mencionados Junqueras, pero también a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Todos ellos presentaron ayer martes escritos ante el Tribunal Supremo para revisar la sentencia condenatoria, que impuso penas de hasta 13 años de cárcel.

Aunque fueron indultados por el Gobierno, las defensas piden que queden revocadas las condenas después de que la "voluntad" del legislador derogase el delito por el que fueron condenados.

Recuerdan que "el texto del Código Penal vigente es más favorable, al no prever responsabilidad penal para ninguna de las conductas por las que recayó condena en su día".

Las defensas de los condenados consideran que debe declararse la inexistencia de responsabilidad penal por los hechos que figuran descritos en la sentencia de 2019.

Además de estos 3 condenados también Jordi Cuixart, que era presidente de Òmnium Cultural, ha reclamado a la Justicia. Él va más allá y, en concreto, argumenta que la reforma penal que deroga la sedición no "repara" lo s daños sufridos y que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, demandando a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Revisión de condenas

Ahora el presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, debe revisar las penas impuestas tras la reforma del Código Penal por contemplar condiciones más favorables a los condenados. Es la misma situación que está ocurriendo con los delincuentes sexuales tras la reforma de penas que implicaba la Ley de libertad sexual, conocida popularmente como 'ley del sólo sí es sí'.

El Supremo también tendría que revisar penas por el delito de malversación que se imputó a varios de los condenados, ya que algunos, como miembros del Govern catalán, aprobaron financiar el referéndum ilegal de 2017 con dinero público pese a las abvertencias del Tribunal Constitucional.

Hay que recordar que otros de los imputados, que huyeron de la Justicia ese año y no han sido juzgados, tales como Carles Puigdemont o sus ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, también piden ser beneficiados de estos cambios. De hecho, el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, ya tuvo que modificar su auto tras la derogación del delito de sedición. La Fiscalía y la Abogacía del Estado le reclaman, en todo caso, que les impute el uevo delito aprobado por el Gobierno, el de 'desórdenes públicos agravados'.