El vigente Estado de alarma finaliza el próximo día 9 de mayo de 2021 después de 6 meses. Un recurso legal que ha permitido poder restringir la movilidad, los horarios y las reuniones, derechos fundamentales que debido a la situación de la pandemia del coronavirus quedaron suspendidos y que, tras la mejoría de los datos del coronavirus, en unos días volverán a estar totalmente activos. ¿Cómo será esta nueva rutina? ¿qué podrán hacer las comunidades después del 9 de mayo?
El Gobierno ha aprobado un nuevo Decreto Ley para regular varios aspectos tras el fin del Estado de alarma, pues aunque decaiga, el coronavirus todavía sigue activo y la nueva normalidad, por el momento, no será como la de antes.
En el último Consejo de Ministros se ha aprobado extender la vigencia de algunas de las medidas sociales o de control que estaban ligadas al Estado de alarma. El nuevo decreto recoge la extensión de varias de ellas 3 meses más, hasta el 9 de agosto:
- - Extensión del bono social
- - Prohibición de desahucios
- - Prohibición de cortar suministros a personas vulnerables
- - Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual
- - Control de viajeros internacionales (toma de temperatura, formulario de registro...)
¿Qué pueden hacer las comunidades?
Desde el 10 de mayo las comunidades vuelven a tener las competencias en muchos ámbitos y los cierres perimetrales, limitación de reuniones o el toque de queda precisarán del visto bueno de los tribunales superiores de justicia de cada región para poder implementarse.
Algunas comunidades como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana han manifestado su voluntad de seguir con el toque de queda, por lo que tendrán que solicitar el aval de la Justicia; mientras que otros territorios como Galicia o Cataluña no pretenden seguir con dicha medida por el momento. El País Vasco, por ejemplo, con un índice alto del coronavirus, es partidario de mantener todas las medidas actuales, por lo que también precisará del amparo de los tribunales.
Otras comunidades como Madrid o Andalucía siguen perfilando qué medidas instaurarán tras el día 9 y si precisarán pedir aval a la Justicia para mantener algunas. La novedad en este sentido que instaura el nuevo decreto del Ejecutivo es que todas las comunidades podrán apelar al Tribunal Supremo (algo que antes no podían) y será este órgano el que tendrá la última palabra y unificará doctrina.
En el caso de que un tribunal superior de justicia deniegue una de las medidas solicitadas por una comunidad, ésta podrá apelar al Supremo y su decisión será definitiva y servirá de jurisprudencia para el resto de regiones.
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