El presidente Evo Morales y los prefectos opositores de cuatro de las nueve regiones de Bolivia reanudaron el domingo el diálogo para establecer acuerdos de paz, en medio de una fuerte crisis política y un panorama incierto que hace temer por el recrudecimiento de la violencia.
Las discusiones se llevan a cabo a puerta cerrada en la central ciudad de Cochabamba en presencia de observadores internacionales de la OEA, ONU, Unasur y Unión Europea y de las Iglesias católica y protestante.
Morales y los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca reciben informes de dos mesas técnicas que intentan desde el 18 de septiembre un acuerdo sobre distribución de ingresos de las exportaciones de gas y otro acerca de gobiernos autónomos y el llamado a un referendo para votar una nueva Constitución.
Según fuentes reservadas consultadas por la AFP existen alentadores avances en las mesas referidas al impuesto a los hidrocarburos (IDH) y las autonomías.
De acuerdo a esa versión, el gobierno estaría en disposición de restituir los ingresos por el IDH recortados a las regiones este año -y que provocaron reiterados episodios de violencia como cortes de rutas, tomas de aeropuertos y saqueos de oficinas del Estado- para financiar un bono anual para los ancianos.
El Ejecutivo -que sustenta la idea de "constitucionalizar las autonomías"- también se encuentra llano a crear gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígenas "con potestad legislativa".
Los negociadores del gobierno plantearon, según las mismas fuentes, ceder en la aplicación de las autonomías a cambio de que la oposición viabilice en el Congreso la convocatoria a un referendo que consulte a la población acerca de una nueva Constitución.
Una fuente diplomática dijo a la AFP a condición de reserva que el principal escollo está ahora en el punto de la reelección del mandatario, mecanismo hasta ahora no reconocido en la Carta Magna vigente.
La versión quedó alimentada luego de que Morales planteó el adelantamiento de elecciones generales para junio de 2009 como efecto inmediato de un eventual referendo de aprobación de una nueva Constitución en un plazo de tres o cuatro meses.
"Aprobada de aquí a 3, máximo 4 meses, esta nueva Constitución (..) vienen de manera inmediata las elecciones nacionales (..) yo calculo, y lo digo de frente, no tengo ningún miedo, que sería en junio", dijo Morales.
El gobernante -que en 2006 asumió con un 54% de los votos y fue ratificado este año en un referendo con un 67%- dijo que "si no me equivoco como presidente, si no nos equivocamos como gobierno, en las elecciones arrasamos".
Las propuestas en curso fueron entregadas previamente a los observadores internacionales "para dar cuenta de todo lo avanzado en ambas mesas técnicas de trabajo", dijo sin revelar el contenido el viceministro de Descentralización, Fabián Yacksic.
Previo a la reunión, la delegada residente de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, declaró que "el diálogo requiere un gran esfuerzo y un compromiso firme de todas las partes" y ratificó que la ONU "está a la disposición para apoyar en lo que podamos en este esfuerzo".
La oposición llega con prevenciones a las negociaciones, según el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que dijo que sus colegas temen que las detenciones de algunos dirigentes cívicos opositores no cesen.
El gobierno ha realizado detenciones por episodios de septiembre cuando grupos de derecha ocuparon y saquearon oficinas regionales del Estado, quemaron documentación y mobiliario de Reforma Agraria, Impuestos y Aduanas, tomaron control de aeropuertos y de peajes y cortaron rutas en cinco regiones bolivianas.
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