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Múgica no recurrirá al TC la "privatización" de la sanidad madrileña que denuncia IU

viernes 07 de noviembre de 2008, 14:19h
Actualizado: 08 de noviembre de 2008, 14:04h
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, no ve factible plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la "privatización generalizada" de la sanidad madrileña que denuncia IU, pero estudiará "otras vías de actuación" para responder a la creciente percepción que tienen los ciudadanos de su "posible deterioro" del sector.
Esta es la contestación que Enrique Múgica ha dado a Izquierda Unida después de que la formación se dirigiera a él para pedirle que estudiara la privatización del sistema público de salud en Madrid y promoviera un recurso de inconstitucionalidad.

Aunque el defensor del Pueblo, según el dictamen que ha facilitado IU, considera que no es viable plantear este recurso, sí se compromete a "profundizar" en la búsqueda de otras vías que puedan resolver la inquietud de los madrileños ante una posible pérdida de calidad de la sanidad de Madrid por la "proliferación" de nuevas formas de gestión privadas.

Una de estas alternativas, explicó el diputado de IU Gaspar Llamazares, es la contencioso-administrativa, que pondrán en marcha en aquellos aspectos que "nos generen dudas" y mencionó en concreto las gestiones de la Fundación Jiménez Díaz, el Centro de Especialidades de Pontones o el nuevo Hospital Puerta de Hierro, entre otros centros madrileños.

Pese a que la respuesta del Defensor del Pueblo no es del todo satisfactoria para IU, la diputada autonómica de esta federación, Inés Sabanés, que acompañó este viernes a Llamazares, considera que es "enormemente positiva" porque se trata de una "crítica rotunda" a la privatización de la sanidad pública de Madrid.

En su informe, el Defensor del Pueblo recuerda que ha expresado "reiteradamente" su preocupación ante determinadas iniciativas en cuanto a la organización y gestión de centros y servicios sanitarios de Madrid y que, al respecto, siempre ha dejado clara la necesidad de mantener "incólumes" los principios que deben regir el sistema sanitario: universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad.

Estos principios, según Llamazares, están en peligro y, por ello, al margen de intentar otras fórmulas jurídicas, IU pedirá al Gobierno que realice un estudio sobre todos los modelos de gestión sanitarios "y sus resultados en la salud".

Y se lo va a solicitar porque dice estar convencido de que modelos como el madrileño, que se están extendiendo a otras comunidades, no solamente son más caros y menos equitativos, sino que además tienen "peores resultados en salud".

El Ejecutivo, recalcó, "no puede mirar hacia otro lado porque tiene la responsabilidad de la alta inspección del Estado". Otro de los pasos que Llamazares ha previsto es hacer todo lo posible para derogar la ley sanitaria 15/97 porque ha sido la puerta "entreabierta" por la que, en su opinión, "se ha colado" el modelo de gestión privada de la sanidad.

Esta ley, que tiene un único artículo, establece que la gestión y administración de los centros y servicios sanitarios podrá llevarse a cabo mediante contratos o convenios con personas o entidades públicas o privadas, siempre que se garantice su condición de servicio público.
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