“El gobierno del Presidente Martín Torrijos Espino reconoce, respeta y legisla a favor del reconocimiento del derecho y seguridad social, ambiental, cultural y territorial de los pueblos indígenas de Panamá” afirmó Ignacio Rodríguez De Gracia, Director Nacional de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia, en rechazo a pretensiones de Native Future, tras petición de las 7 tribus panameñas para que les otorguen más tierras y sean tomados en cuenta a la hora de decidir sobre concesiones mineras e hidráulicas.
El componente de Consolidación y Creación de nuevos territorios indígenas del Programa Nacional de Administración de Tierras, la demarcación física de los territorios que comprenden las Comarcas Ngöbe-Bugle y Emberá-Wounáan, la realización y entrega del Estudio Socioeconómico y de tenencia de tierras del pueblo BriBri y la presentación del proyecto de Ley 411, que le garantiza seguridad sobre sus territorios a las comunidades indígenas que están fuera de las comarcas a nivel nacional, en la Asamblea Nacional de Diputados sustentan lo planteado por el Director de Política Indígena.
El Presidente Torrijos ha integrado una Comisión de Alto Nivel para asuntos indígenas, para atender situaciones que involucren a los pueblos indígenas, conformados por trece instituciones entre los que se encuentra la Autoridad Nacional del Ambiente, Tribunal Electoral, Comisión Nacional de límite político Administrativo, Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Defensoría del Pueblo.
Los aborígenes panameños son dueños de una sexta parte del territorio nacional, ubicados principalmente en zonas boscosas y montañosas donde hay yacimientos minerales y gargantas en los ríos, apropiadas para construir hidroeléctricas. Paradójicamente fueron empujados a esas tierras por los ganaderos y terratenientes, a finales del siglo XIX y principios del XX.
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